El día D y la hora H del grupo Abengoa

Este lunes, en Madrid, el consejo de administración de Abengoa conocerá y discutirá los términos del plan de viabilidad que ha elaborado la empresa para evitar el concurso de acreedores y seguir adelante. Cuestión esta que debe ser aprobada por la banca acreedora y los bonistas, a cuyos representantes (la consultora KPMG, que trabaja para los bancos, y la firma de inversión Houlihan Lokey, que lo hace para los bonistas) se entregará el citado plan una vez que haya superado el trámite del máximo órgano de gestión del grupo que preside José Domínguez Abascal.

El presidente de la sociedad propondrá a sus consejeros dos opciones, además de la liquidación, que queda descartada de raíz, —entre otras cosas porque presenta un escenario que hace difícil recuperar la deuda—. La primera alternativa deja una Abengoa dedicada a la ingeniería y a la construcción, abandonando el negocio promotor, lo que supone reducirla a la tercera parte de su tamaño. La segunda posibilidad contempla lo mismo, pero con el negocio integrado, es decir con la promoción, y una dimensión de dos terceras partes sobre la que tiene ahora.

Aunque es el consejo el que decide entre las opciones, se da prácticamente por seguro que se inclinará por la última porque tiene una prestación más alta y permite afrontar con más garantías el pago de la deuda al generar mucho más Ebitda, que con la otra opción resulta más complicado. No obstante, al mismo tiempo obliga a inyectar más capital para dar fuelle a la actividad.

Venta de activos

En cualquier caso, el plan contempla la venta de activos. Entre las ventas se incluyen la mayor parte de los inmuebles considerados no imprescindibles, algunas plantas solares, otras convencionales y desaladoras, así como grandes proyectos en México y otros países, en los que propondrá vender el proyecto pero quedarse con la construcción. En ningún caso se incluyen las acciones de la filial estadounidense Abengoa Yield, de la que la matriz posee el 40% del capital, entre otras cosas porque están pignoradas en el préstamo recibido en diciembre de la banca acreedora para inyectar liquidez. Tampoco se prevé la venta de proyectos como los de Atacama (Chile), cuya construcción se está llevando a cabo, ni líneas eléctricas en Brasil, donde el Gobierno del país no se puede permitir que no salga adelante porque abastece zonas con deficiente servicio energético.

Los bonistas también quieren tener acciones de Abengoa Yield como garantía del préstamo de 160 millones que negocian con la empresa y que, según fuentes del entorno de la compañía, está a punto de cerrarse. Los bonistas también han exigido un interés del 15%, que se elevaría al 25% en caso de incumplimiento. Un síntoma este de que estiman que el plan de viabilidad va a salir adelante.

El consejo de administración también analizará la quita que se puede negociar con los acreedores una vez que se apruebe el plan. Después de la reunión de mañana empieza también la negociación financiera, que, según las perspectivas de la compañía, será una fase rápida. Según otras fuentes consultadas, la quita podría llegar al 70%. La empresa confía en cerrar las negociaciones mucho antes de la fecha límite, 27 de marzo.

Junto a la quita, el plan propondrá la capitalización de parte de la deuda, de manera que bancos y fondos entren en el futuro capital, mientras los derechos políticos de los accionistas tradicionales (las familias fundadoras) se reducirá al 8%. La deuda financiera de la empresa andaluza se cifraba en el momento de la presentación del preconcurso en 8.904 millones de euros sobre un pasivo total de unos 25.000 millones, una vez descontados los recursos propios. Esa cifra está repartida en un 55%-45% entre banca y bonistas. Además, la deuda con los proveedores se eleva a 4.500 millones, aunque gran parte de ella estaba ya solventada y, en muchos casos, refinanciada con la banca. Parte de esa deuda ya se encuentra provisionada por los bancos.

Los responsables de la empresa, que ha contratado a un buen ramillete de asesores (Lazard, para desinversiones; Álvarez & Marsal, para el plan de reestructuración, y los despachos jurídicos Cortés Abogados, DLA Pipers y Link Later, para trabajos tanto en España como en el exterior, además de KPMG, que aunque trabaja para la banca cobra de Abengoa), confían en que sus argumentos sirvan para convencer a los acreedores y poder sacar adelante la sociedad, aunque con una dimensión y unas ambiciones mucho más pequeñas que las que tenía antes de la suspensión de pagos.