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EDITORIAL

Captura revuelta

Europa debe extender sus exigencias de una pesca responsable al resto del mundo

Un grupo de atuneros españoles pescan en aguas del Océano Índico.  
Un grupo de atuneros españoles pescan en aguas del Océano Índico.  

España es uno de los principales productores y consumidores de pescado. Su flota es de las mayores de Europa, la más importante del continente, a pesar de la reducción de capacidad sufrida en los últimos años de crisis. En España existe igualmente una industria conservera de gran tradición, esencial en la economía de algunas localidades de nuestra geografía.

España dispone del 20% del volumen de la flota europea, pero las variaciones de las cuotas de captura en los últimos cuatro años asignadas por las autoridades europeas han sido insuficientes para garantizar la completa viabilidad del sector. Frente a los 13.000 buques censados en las costas en 2008, en 2015 la flota española estaba compuesta por 9.586 barcos con 35.894 tripulantes. En 2014, el mejor de los últimos cuatro, fueron un millón de toneladas las capturadas por un valor en primera venta de 2.022 millones de euros. El consumo interno supera a esas capturas en 600.000 toneladas. Que han de ser cubiertas mediante importaciones, además de las capturas españolas que se dedican a la exportación.

Esta semana tendrá lugar en Bruselas un nuevo episodio de esa suerte de guerra activa durante las tres últimas décadas por el reparto de capturas máximas para cada especie para el próximo año. Es el principal hito de la denominada Política Pesquera Común, una de las primeras en definirse como verdaderamente europea, a la que se le ha asignado la misión de que la pesca sea una actividad responsable, transparente y sostenible. Pero ese propósito ya no puede limitarse a las embarcaciones europeas.

El sector español considera que desde la entrada en la actual UE, la flota española ha salido mal parada de esos repartos. Los aumentos en las cuotas conseguidos en los últimos cuatro años, de un 14%, no han sido suficientes para garantizar la viabilidad de la flota y de sus ocupantes. Muestras de la insatisfacción son frecuentes en los puertos españoles, ya sea por esa insuficiencia de autorizaciones o por los bajos precios provocados por el despliegue de flotas sometidas a un control menos estricto que el practicado en Europa. Es el caso del Pacífico, donde se captura una amplia mayoría del pescado de todo el mundo con apenas controles eficaces. China y Japón tienen casi 300.000 barcos cada uno, contribuyendo a una creciente devastación de la población de peces: con datos de la FAO, el 61% de las especies están cercanas al rendimiento máximo y casi un 30% se encuentran sobreexplotadas. Además de las consecuencias ecológicas básicas, las ejercidas sobre los precios de algunas especies son evidentes, a través de la extensión, también en este sector, del low cost.

Los incentivos para mantener la actividad no son grandes, propiciando el desguace de embarcaciones y el definitivo abandono de la actividad. A esa situación de vulnerabilidad del sector se añaden los problemas en Pescanova, el gran operador español en el sector. Ante un panorama tal, las autoridades españolas han de emplearse a fondo en la defensa de la propia política común, eliminando privilegios de otra época, pero también exigiendo a las instituciones europeas que extiendan sus exigencias a las flotas de todo el mundo. No se trata solo de perseguir la pesca ilegal, como se ha hecho casi en exclusiva en Europa, sino de garantizar el comportamiento responsable en todo el mundo.

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