¿Victoria de los usuarios o de la industria?

La batalla por la llamada neutralidad de la red trasciende el ámbito tecnológico para convertirse en el campo en el que los gigantes de Internet y los consumidores miden sus fuerzas por el acceso a Internet. Estas son las principales preguntas y respuestas sobre el texto ratificado este martes por el Parlamento Europeo.

¿Qué es la neutralidad de la red?

Es un concepto difuso –y de hecho no figura en ningún momento en el texto aprobado por la Eurocámara— que alude al derecho que tiene el consumidor de acceder libremente a todos los contenidos de la web. Se trata de garantizar que los operadores de Internet no bloqueen, ralenticen o prioricen ciertos contenidos respecto a otros en función de intereses ajenos al consumidor. El texto aprobado este martes consagra por primera vez ese derecho, aunque abre la puerta a ciertas excepciones.

¿Cómo es hasta ahora el acceso a Internet?

Los usuarios denuncian un buen número de obstáculos en el acceso a la red. Entre un 21% y un 36% aseguraron en 2012 verse afectados por bloqueos a determinadas aplicaciones, según un informe del Cuerpo de Reguladores Europeos de Telecomunicaciones.

¿Qué ejemplos concretos hay de bloqueos?

Algunos operadores de móviles impiden el acceso a aplicaciones gratuitas como Skype o Whatsapp o piden aplicar un recargo para disfrutarlas en los dispositivos. Hay compañías que en sus paquetes ofrecen acceso ilimitado a servicios como Twitter o Google pero, si se accede a otros, lo deducen de los gigabites que el cliente ha contratado. Algunas veces simplemente se ofrece una navegación más lenta en estos servicios. También se bloquea el acceso a determinados vídeos en función de la zona geográfica desde la que se consulte. Todas estas conductas serán a partir de ahora ilegales, según la Comisión Europea, promotora de la iniciativa aprobada formalmente este martes.

¿Habrá excepciones a este principio común?

Sí, la norma establece tres excepciones, que muchas organizaciones de consumidores ven como una llave para la arbitrariedad. Un operador podrá bloquear o discriminar un contenido si existe alguna norma o alguna decisión de las autoridades (nacionales o europeas) sobre la ilegalidad de ese contenido. También para preservar la seguridad de la red (por ejemplo, para luchar contra virus o ataques cibernéticos). Por último, los operadores podrán intervenir en el tráfico para aliviar las congestiones cuando se produzcan.

¿Qué son congestiones de tráfico?

Conscientes de que esta excepción es lo suficientemente ambigua como para avalar cualquier práctica restrictiva, el legislador aclara que esa congestión debe ser “temporal o excepcional” y “proporcionada”. Es decir, no vale para problemas recurrentes de tráfico, aunque la regulación permite también hacerlo de forma preventiva (para evitar sobrecargas de la red que se van a producir de manera inminente). Las organizaciones de consumidores alertan de que esto puede anular el espíritu de la norma.

¿Podrá haber prioridad para los servicios de pago?

El texto avala la existencia de servicios especializados (algunos ya existentes como la televisión de pago por Internet y otros en desarrollo como el uso de Internet para determinados usos médicos que permiten el control remoto del paciente por parte del hospital) que se ofrezcan al consumidor a cambio de una cuota. Pero la prestación de esos servicios premium no debe ser en detrimento del Internet abierto. Es decir, solo pueden prestarse estos servicios si hay suficiente capacidad para ofrecerlos además de la Red abierta. Esa excepción se presta a vulneraciones de la norma.

¿Quién garantizará que se cumplan estas nuevas reglas?

Los órganos reguladores nacionales (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el caso español) velarán por el cumplimiento de este reglamento. Los Estados miembros deberán establecer multas para los casos de violación de estas reglas. Los ciudadanos que vean conculcados sus derechos deberán presentar sus quejas al regulador nacional.

¿Cuándo entra en vigor esta normativa?

Al tratarse de un reglamento –y no de una directiva, que debe ser trasladada a las legislaciones nacionales-, el texto será de aplicación directa en abril de 2016, sin necesidad de hacer una interpretación. Habrá, sin embargo, unas líneas maestras de aplicación que el regulador europeo de telecomunicaciones, junto con la Comisión Europea, deberá publicar en nueve meses, según explica EDRI, una organización europea que defiende los derechos del consumidor en Internet. EDRI aprovechará ese procedimiento para intentar que se defina mejor cuáles son los servicios especializados que permiten el cobro por parte del operador y en qué medida la congestión de la Red avala la gestión artificial del tráfico.

¿Cuál es el alcance político de esta norma?

La lucha por la llamada neutralidad de la Red ha dividido el mundo de Internet en dos grandes bandos: los gigantes tecnológicos por un lado y los consumidores por otro. Sin querer defraudar el clamor de los usuarios pero también conscientes de las presiones de la industria, que alega cuestiones de rentabilidad y gestión de los flujos para intervenir en el acceso de los usuarios, los gobernantes han legislado con prudencia. Estados Unidos adoptó en febrero una decisión que consagra la red como un bien público y, por tanto, garantiza la neutralidad en el acceso. La UE da ahora un paso similar, aunque resulta menos ambicioso de lo que el Parlamento Europeo pretendía en abril del año pasado: definir claramente qué es la neutralidad de la red y acotar mejor los supuestos de interferencias de los operadores en el tráfico. Las intenciones han quedado algo rebajadas al ser necesario que la Eurocámara pactara el texto con el Consejo Europeo –representa a los Estados—, como dictan los procedimientos legislativos en la UE.