Bruselas ordena a Starbucks y Fiat la devolución de entre 20 y 30 millones

Bruselas pasa a la acción contra los marcos fiscales abusivos. La Comisión Europea ha reclamado este miércoles que las multinacionales Fiat y Starbucks devuelvan entre 20 y 30 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Luxemburgo y Países Bajos, respectivamente, al concluir tras una investigación que constituyeron ayudas públicas ilegales. EL PAÍS adelantó este martes que la UE sancionaría este miércoles a ambas corporaciones, en el marco de una investigación que afecta a más de 500 empresas.

"Los tax rulings (acuerdos fiscales ad hoc entre empresas y Estados que desembocan en un trato tributario favorable para las multinacionales) sobre los que hoy tomamos una decisión reducen artificialmente la carga fiscal a las compañías y no están en línea con las normas comunitarias en materia de ayudas de Estado. Son ilegales", ha declarado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, tras anunciar la decisión. "Este mensaje lo van a escuchar los Gobiernos de los Estados miembros y las empresas. Todas las compañías, grandes o pequeñas, multinacionales o no, deben pagar su justa parte de impuestos", ha añadido.

La comisaria ha admitido que las cantidades exigidas a las empresas -técnicamente no son multas, sino estimaciones de impuestos impagados- no resultan "espectaculares". Pero espera que sirvan "para hacer reflexionar a los Estados y a las compañías" de forma que desistan de aplicar estos esquemas. Y anticipa nuevas decisiones similares: "No nos detenemos aquí".

Bruselas reclama a Luxemburgo y Países Bajos que recuperen los impuestos perdonados a Fiat -a través de una filial financiera que opera en Europa- y a Starbucks. En el caso de la automovilística italiana, el Ejecutivo comunitario concluye que las autoridades luxemburguesas "redujeron indebidamente" la carga tributaria de la compañía entre 20 y 30 millones de euros desde 2012 a 2014 porque ofrecía préstamos por debajo de mercado a otras ramas de Fiat. 

Más allá del castigo a la empresa, la medida adoptada por Competencia tiene una dimensión política indudable. En el momento en que se firmaron los acuerdos con Fiat, en 2012, el hoy presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era primer ministro y responsable de Finanzas del Gran Ducado. Vestager ha rehusado pronunciarse sobre ese aspecto, alegando que se limita a hacer su trabajo.

En el caso de Starbucks, el brazo ejecutivo de la Unión considera que Holanda también permitió una "ventaja selectiva" a la firma estadounidense de tiendas de café por un importe similar. La erosión fiscal se producía de dos modos: Starbucks abonaba precios inflados a una filial con sede en Suiza a la que compraba los granos de café (lo que reducía su base fiscal imponible) y pagaba "unos derechos muy sustanciosos" a otra filial con sede en Reino Unido por proporcionarle la tecnología necesaria para tostar el café. La Comisión alega que Starbucks no abonaba esos mismos derechos cuando recurría a otra compañía tostadora, ajena al grupo estadounidense, con lo que el pago era artificial.

Más allá de reclamar a ambos países que recuperen entre 20 y 30 millones de euros por subsidios ilegales a ambas multinacionales, Bruselas advierte de que "ello también significa que las compañías no podrán beneficiarse más de las ventajas en el trato fiscal concedido por estos tax rulings". Pero lo cierto es que la penalización impuesta resulta poco disuasoria para unos Gobiernos que ofrecieron estos esquemas a las compañías y ahora cobrarán los impuestos atrasados que Bruselas les obliga a recuperar. "Si yo fuera ministra de Economía de uno de los países afectados [ella ocupó ese mismo cargo en Dinamarca] me sentiría avergonzada por una decisión como esta", justifica la comisaria ante la falta de impacto que tendrá la decisión en los Ejecutivos que promovieron tax rulings ilegales.

Los tratados europeos impiden sancionar a los Estados por utilizar marcos fiscales indebidos. La multa solo llega si el país afectado no logra recaudar el dinero que le reclama Bruselas. También si el Gobierno recurre la decisión y esta acaba en el Tribunal Europeo de Justicia. Este organismo sí puede imponer una sanción al país, que en ese caso acaba pagando por las prácticas abusivas.