Un policía contra los cárteles

La competencia es un concepto económico que se ha ido introduciendo en las sociedades avanzadas y que va pegado al libre mercado como una lapa. Las empresas juegan con la idea de competencia según les vaya en su sector o mercado. Dicen que la quieren, pero pecan de posición de dominio en cuanto pueden. Para ello nacieron organismos que sirvieran de guardia de tráfico en los cruces de carreteras por los que circulan autoridades, compañías, precios y consumidores.

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) da sus primeros pasos reales en el año 1992. Entonces estudió los sectores de telecomunicaciones, energía eléctrica, gas, así como ciertos monopolios locales como servicios funerarios, recogida de basuras, y suelo, sin olvidar una de las áreas con menos competencia como era la farmacéutica. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presidente del Tribunal, entonces decía que no hacía falta ninguna técnica especial para introducir elementos de competencia en el mercado: “Lo importante es que haya voluntad y consenso político”. El TDC nació como un órgano de vigilancia y sancionador de las conductas contra la libre competencia. Sus primeras multas, de 1992, resultan hoy lejanas y una nimiedad: fueron de solo 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros).En los primeros 20 años de funcionamiento de la vigilancia en competencia se sancionaron unos 10 cárteles. En los últimos cinco años son 37.

El acuerdo para fijar precios y los repartos de mercado han sido las dos prácticas más extendidas por la empresas infractoras a lo largo de estos 25 años. Guillermo de la Dehesa, asesor económico de Goldman Sachs, escribía que “mientras no se eliminen las rigideces, las inercias, las segmentaciones, las barreras, los fraudes, los privilegios y los abusos que existen en casi todos los mercados europeos y especialmente en el español, no se conseguirá un crecimiento estable y sostenido”.

Zancadillas

El mecanismo de clemencia, que salva a quien denuncia, ha dado buenos resultados

El avance en la defensa de la competencia ha venido muchas veces soportando zancadillas de los grandes grupos, al socaire de intereses que nada tenían que ver con los de los consumidores. Bruselas ha sido un aliado tanto del Servicio de la Competencia, que iniciaba los expedientes, como del Tribunal que los cerraba con multas en la mayoría de los casos. Pero también Bruselas ha estado vigilante en el desarrollo y destete del sistema de vigilancia español. En abril del 2001 la Comisión Europea criticaba duramente el control que ejercía el Gobierno español sobre los órganos de Competencia. Aunque desde la UE reconocía avances, pedían al entonces Gobierno de José María Aznar que asegurase que las autoridades de Competencias fueran independientes y tuvieran recursos para su labores.

Amadeo Petitbó, que fue presidente del TDC en los años 90, criticaba en el año 2001 que la lentitud de la justicia socavaba la función del Tribunal que resolvía los expedientes en un año, mientras que los jueces tardaban unos cuatro años en despachar las apelaciones de los damnificados. Petitbó, al igual que su sucesor Luis Berenguer, impulsó la labor del Tribunal y bregó contra marea en los círculos de poder para instalar en la empresa y en los consumidores la idea de que un mercado limpio y competitivo redunda en beneficio de todos.

El debate sobre el papel coercitivo de las multas siempre ha estado en la mente de los legisladores, que han ido completando y redondeado una normativa que perdía el paso con la europea. La nueva reglamentación introdujo el procedimiento de clemencia que tan buenos resultados ha dado en los países anglosajones. Consiste en que una empresa que está inmersa en un cártel (acuerdo entre empresas para repartirse el mercado o pactar precios) denuncie al resto de las empresas y ella queda eximida de la multa por la infracción denunciada. Luis Berenguer siempre defendió esta práctica, que según algunos expertos no cuajaría en los países latinos. Los hechos han dado la razón a Berenguer, y con este procedimiento se han desmantelado un buen número de cárteles en los últimos años.

A finales de enero de 2010 la Comisión Nacional de Compencia (CNC) impuso la primera multa por el procedimiento de clemencia, que hace un par de meses ha sido confirmada por el Supremo para Sara Lee por 3,7 millones. Henkel fue quien delató el acuerdo para subir un 15% el precio de los geles de baño y quedó libre de sanción.

La unión de los diferentes supervisores en la CNMC ha levantado ampollas

En el año 2008, con la competencia como objetivo instalado en la economía, el propio Berenguer abrió el debate en el Congreso de los Diputados sobre el carácter disuasorio de las multas y se amparó en las tesis que defendió Neelie Kroes, comisaria de Competencia de la UE, partidaria de aumentar su cuantía. En el año 2010, Berenguer lanza la idea de crear una única agencia responsable de la regulación de los mercados que aglutine las funciones que entonces ejercían la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y la propia CNC para conseguir mayor eficacia y ahorrar costes.

Fusión

El Gobierno del PP quiso unir los órganos de supervisión en un único organismo. Éste arrancó el 7 de octubre de 2013 bajo el nombre de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Su objetivo es ser un órgano independiente que refuerce la seguridad jurídica de la competencia.

La CNMC, que nace con la oposición del PSOE y con fuertes reticencias por parte de la Comisión Europea, está formada por dos salas. La primera, de Competencia, esta presidida por José María Marín Quemada, el presidente del organismo, y la segunda, de Regulación Sectorial, por la vicepresidenta María Fernández Pérez.

La CNMC nació entre críticas a los reguladores unificados y el PSOE llevó la batalla a Bruselas, que amenazó con un procedimiento de infracción que finalmente quedó en el aire. Sin embargo, Marín Quemada se ha convertido en un presidente muy activo en su lucha contra empresas de sectores tan potentes como las telecomunicaciones, las eléctricas y las petroleras y ha mantenido incluso en intervenciones públicas un enfrentamiento con empresarios de fuste que se sintieron heridos en sus intereses. Es verdad que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha frenado un tercio de las multas impuestas, pero no es menos verdad que los empresarios se están tomando en serio la capacidad sancionadora de la CNMC.