Los taxistas piden al juez la suspensión cautelar de Cabify

No soplan buenos vientos para la economía colaborativa. Uber, la plataforma de transporte privado urbano, está prohibida en España. BlaBlaCar, la aplicación que sirve para compartir coche en viajes interurbanos, está pendiente de que un juzgado decida sobre su suspensión. Ahora le toca el turno a Cabify. La Federación Profesional del Taxi ha interpuesto una denuncia contra esta firma de transporte urbano pidiendo su suspensión cautelar.

Cabify no solo había esquivado los juicios desde que fue creada en 2011 sino que atraía el dinero de los inversores. Esta semana ha cerrado una nueva ronda de financiación por 12 millones de dólares (10,6 millones de euros), con firmas como Rakuten, líder mundial en comercio electrónico, o el fondo de inversión español Seaya Ventures.

Pero ahora la Federación Profesional del Taxi de Madrid ha presentado una demanda ante el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid en el que solicita la suspensión cautelar de la actividad de Cabify, según informaron a este diario fuentes conocedoras del proceso. Esta asociación de taxistas exige la paralización de Cabify o, en su defecto, que los conductores de la plataforma solo puedan prestar servicio en las ciudades donde tengan su domicilio fiscal. Asimismo, solicitan que se prohíba cualquier publicidad comparativa con las tarifas o las condiciones del servicio de taxis. La vista se celebrará el próximo 4 de noviembre.

Cabify considera que la denuncia “no tiene sentido” porque no llevan a cabo ningún tipo de competencia desleal con el servicio del taxi ni se parecen a ninguna alternativa como pudiera ser Uber, ya que funcionan con licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC), y cumpliendo todos los requisitos legales.

Acuerdos con empresas

“Trabajamos con el regulador desde el minuto uno y nos adaptamos a la normativa, sin preguntarnos si la ley es justa o mejorable. Simplemente la cumplimos”, defiende Juan Ignacio García-Braschi, director general de Cabify en España.

Cabify crece al 25% anual en número de usuarios y facturación. Dos tercios de su facturación está vinculado a acuerdos con empresas, desde grandes multinacionales como FCC o Securitas a pequeños y medianos negocios. Cuentan con 500.000 usuarios en las 14 ciudades en las que opera (Madrid, Barcelona, A Coruña, Málaga, Valencia, Bilbao, Vitoria, Tenerife, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, México D.F., Querétaro y Monterrey), aunque más de 150.000 están en España.

Como insisten sus promotores, su negocio está más vinculado a los chóferes que a los vehículos. Actualmente cuenta con 500 conductores en España adheridos a la plataforma que, además de los requisitos legales, pasan filtros de la firma “más exigentes aún” , precisa García-Braschi. Entre esos requisitos está un test de drogas, certificado de penales, examen de conocimiento de la ciudad, test psicotécnico y otros.

Un 15% de ahorro

Las empresas cuentan así con un control efectivo del gasto en transporte, al saber de antemano el importe de los trayectos, independientemente del tráfico u otras circunstancias. La media de ahorro es de un 15% respecto al mismo trayecto en taxi, aunque varía según recorridos y ciudades. Por ejemplo, un viaje desde la plaza de Cibeles al aeropuerto de Madrid-Barajas cuesta 23 euros, frente a los 30 de tarifa oficial del taxi.

Cabify confía en tener más suerte que otros proyectos. Uber fue declarada ilegal en toda España en diciembre de 2014 por un juzgado mercantil de Madrid. Curiosamente, Londres declaró esta semana legal el servicio. Por su parte, BlaBlaCar está a la espera de que un juzgado madrileño dilucide sobre la demanda de la patronal de transporte de viajeros por autobús (Fenebus), que también pidió su suspensión cautelar.