El juez de Madrid que ve el caso de Uber también consultará a la UE

El destino de Uber en España queda una vez más en manos de la Unión Europea. El titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Madrid, que tramita la demanda de la Asociación Madrileña del Taxi (AMT) contra la multinacional por competencia desleal, ha decidido este jueves durante la vista previa del juicio suspenderlo y elevar una consulta al Tribunal de Luxemburgo. La misma decisión tomó el pasado mes de junio el magistrado encargado de un proceso similar en el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Barcelona.

El tribunal madrileño es el mismo que a finales de 2014 ordenó a la compañía el cese temporal de su actividad en todo el país. Desde entonces, la prohibición cautelar ha sufrido algún cambio —pasó de abarcar todas las operaciones de la firma a vetar solo la aplicación UberPop, que permitía contratar viajes en coches de particulares—, pero no ha sido levantada. El juez ha rechazado los argumentos de los letrados de Uber, que querían que se excluyera de la demanda a la matriz estadounidense y se centrara solo en la filial holandesa, pero ha accedido a su petición de hacer una consulta al Tribunal de Justicia de la UE sobre la naturaleza del servicio que brinda la empresa a través de UberPop, según ha explicado el abogado de la AMT, José Andrés Diez.

El magistrado decidirá en los próximos días si presentará a Luxemburgo las mismas preguntas que el juez de Barcelona o si remitirá un planteamiento diferente. El juzgado catalán ha centrado su consulta en tres puntos: determinar si Uber es una empresa de transporte o una compañía de servicios de la sociedad de la información (TIC), si la prohibición del tribunal madrileño se ajusta a las leyes comunitarias y si —en caso de que la empresa sea considerada una TIC— la Ley de Competencia Desleal es contradictoria a la normativa europea, ya que la primera exige licencias para transportar viajeros y la segunda permite a las TIC operar en todos los Estados de la UE sin necesidad de más autorizaciones.

Diez ha explicado que lo más probable es que la consulta del juez de Madrid acabe ligada a la del magistrado de Barcelona, que ya está en trámite y que el letrado prevé se resuelva en un plazo de un año y medio. Hasta entonces, la aplicación UberPop continuará prohibida en España.