Ofensiva inspectora contra la precariedad laboral en Baleares

Dani trabaja en una cafetería de Palma, en la que sirven desde cafés a platos de cocina oriental de siete de la mañana a diez de la noche. Tiene contrato, de 40 horas semanales, pero confiesa con resignación que cada semana acumula más de 60.

—¿Y te las pagan?

Asoma media sonrisa y contesta que le dan un plus para compensar el trabajo de más, pero reconoce que “ni siquiera cubre la mitad de las horas extra” que hace. Es uno de los muchos casos que se dan en las Islas Baleares, a los que el nuevo Gobierno autonómico ha decidido poner coto y que ha llevado a su presidenta, la socialista Francina Armengol, ahablar de situaciones “cercanas a la esclavitud”.

El paro se ha reducido en Baleares solo en el último año en 7.700 desempleados. En total hay 55.407 parados, un 12,4% menos que hace doce meses. La bajada es superior a la registrada en toda España (8,4%). Pero como en el resto del país, llega por el tirón de los contratos temporales, que hasta julio suponían el 91,3% de los recién firmados. En muchas ocasiones no está justificada esa temporalidad, y deberían hacerse contratos fijos discontinuos. También hay fraude a veces en los contratos a tiempo parcial, si se cotiza por debajo de las horas reales de trabajo. UGT estima que en la hostelería balear podrían crearse 20.000 puestos de trabajo si no se dieran esos abusos.

Para revertirlo, el lunes arrancó un plan especial contra la explotación laboral que llevará a cabo 1.300 visitas de inspectores a empresas de todas las islas, que se sumarán a las actuaciones ordinarias de cada año, unas 1.500 al mes de media. La novedad es que el plan no se centra en detectar economía sumergida, sino que busca irregularidades en la contratación temporal y a tiempo parcial. Para poder llevarlo a cabo, durante seis semanas, a los 48 inspectores que tiene la plantilla del archipiélago se unirán 32 inspectores y subinspectores enviados por el Ministerio de Empleo.

Coto a los escándalos

La idea es evitar que se produzcan casos tan sonados como los de los últimos años. Hace tres temporadas, una cadena hotelera tuvo que despedir al director de un establecimiento por llevar a becarios rumanos que sustituyeron a la plantilla. Antonio Copete, responsable de la federación de hostelería de UG, denuncia que la historia se repite este verano en un hotel de Santa Ponça, en Calviá, con una plantilla de 80 trabajadores “de los cuales 40 son becarios”. Desde la Federación Hotelera de Mallorca consideran que estos son casos aislados. “Casos concretos puede haber habido y se pueden volver a dar en el sector del alojamiento, pero son puntuales”, insiste Inma de Benito, presidenta de la organización.

Otro episodio a evitar es el protagonizado por el hotelero Fernando Ferré, propietario del grupo ibicenco Playa Sol, condenado en 2014 a siete años y una multa de 23 millones por explotación laboral y fraude en 2010.

Algo que desde la federación hotelera, insisten “fue un caso aislado”. La patronal recalca que al Ejecutivo para poner en marcha el plan, que ha sido pactado en la mesa de diálogo social autonómica. Aunque apuntan que hubieran preferido un eslogan “menos agresivo” y estigmatizante. El nombre oficial del programa de inspecciones es Plan de Lucha contra la explotación laboral.

“Se ha hecho el reparto y los inspectores irán a visitar las empresas a cualquier hora, incluyendo el fin de semana”. Así explica el plan el consejero de Trabajo y Empleo, Iago Negueruela, inspector de Trabajo en excedencia. Dice que las visitas se basarán en indicadores de temporalidad y en análisis negocios con grandes porcentajes de plantilla a tiempo parcial. Buscan “perfiles de incumplimiento sin mirar el sector”

Un inspector de trabajo que trabaja en las islas señala que muchas veces, “utilizando un contrato temporal, se ofrecen pocas horas, aunque en realidad luego se hacen jornadas completas. Es frecuente”, explica. Subraya que las infracciones son similares en toda España y que no es habitual imponer la sanción máxima prevista, de 187.515 euros para casos muy graves, sino que el objetivo es corregir. “La inspección se caracteriza por la voluntad de solucionar el problema. Si un contrato no es como toca, se puede transformar en lo que debería ser”.

Efecto disuasorio

El director general de la Inspección de Trabajo en toda España, José Ignacio Sacristán, apunta a esta línea: priorizar la solución, regularizar la situación y mantener el empleo. Sobre el plan, afirma: “Queremos que la temporalidad no sea abusiva. Si los mismos trabajadores van a los mismos hoteles todos los años, lo lógico es que tengan un contrato fijo discontinuo y no sean temporales”, informa Manuel V. Gómez.

Sacristán confía en la acción de la inspección, pero también espera que, como con otras campañas —en Extremadura el año pasado hubo una con subinspectores centrada en lo que se llama controles de empleo, comprobar que el trabajador esté dado de alta en la Seguridad Social—, el anuncio baste para que muchas situaciones se regularicen sin mediar visita de funcionario alguno.

En Palma, un inmigrante colombiano trabajaba el jueves en una gran empresa de alquiler de coches, cuyos servicios de limpieza y conducción, están subcontratados. Firmó por 160 mensuales. A final de mes rebasa las 300, con jornadas interminables. La empresa exige limpiar y mover un mínimo de coches para alcanzar el salario mínimo.

—¿El año que viene repetirás?

—Seguramente. Pagan fatal, pero pagan.