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La factura de las cooperativas fallidas de pisos recae sobre dos aseguradoras

HCC y Asefa deben hacerse cargo de la devolución de anticipos de miles de afectados

Una promoción de viviendas sin acabar en Yebes (Guadalajara)
Una promoción de viviendas sin acabar en Yebes (Guadalajara)

Sentencia tras sentencia, se suceden los fallos a favor de los socios de cooperativas de viviendas que se endeudaron o invirtieron sus ahorros con vistas a conseguir un piso que nunca les fue entregado. Los tribunales están condenando a dos multinacionales aseguradoras, HCC y Asefa, al pago de las cantidades que aportaron los cooperativistas, más los intereses. Una factura que, según fuentes del sector, suma cientos de millones de euros. Parte del coste lo asumen varias reaseguradoras, en función de los contratos firmados con HCC y Asefa.

Que las cantidades anticipadas para una vivienda tengan que estar aseguradas o avaladas es una exigencia legal que se remonta a 1968. El legislador, en defensa de los consumidores, partía de que ninguna compañía aseguradora respaldaría un proyecto residencial que no tuviera visos de viabilidad. Ni ninguna entidad financiera lo avalaría. El control que supone exigir un seguro o un aval bancario protege los intereses del comprador.

Además, la ley contempla que la entidad financiera ni siquiera debe abrir la cuenta corriente para depositar las aportaciones de los socios cooperativistas sin tal seguro o aval bancario que garantice la devolución de lo depositado.

La factura, para Asefa y HCC

Ante esta situación, Asefa, que aseguró cientos de grandes operaciones que no se llegaron a culminar, tiene que atender indemnizaciones por importe de 500 millones de euros, según estimaciones de expertos del mundo asegurador. Y estiman una cantidad similar en el caso de HCC. Ambas compañías rehusaron dar información sobre el asunto.

Cambio en las reglas de juego

En una sentencia de este mismo año, el Tribunal Supremo alababa el alto grado de protección de la ley de 1968 al comprador de viviendas. Pero esa situación cambiará en 2016 tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Ordenación de Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, que deroga la citada norma.

La concentración de casos en estas dos compañías tiene que ver con el riesgo de sus decisiones. HCC y Asefa vendían pólizas a gestoras de cooperativas y promotores con proyectos de edificación que otras aseguradoras rechazaban al desconfiar de la solvencia de los promotores.

Una sentencia del Supremo en respuesta al bufete Sacristán & Rivas Abogados fue decisiva para forzar a estas dos compañías a hacerse cargo del siniestro, es decir de que las viviendas aseguradas no se edificarían. Desde ese fallo, HCC y Asefa, afrontan el pago —dentro y fuera de los tribunales— de indemnizaciones a miles de cooperativistas que se quedaron sin casa. Les pagan lo aportado con intereses que, cuando no fueron abonados a tiempo, alcanzan cantidades que pueden igualar al principal, según indican los despachos de abogados que defienden a los afectados.

Indemnizaciones millonarias

Un solo bufete, Majavilan, suma indemnizaciones de más de 300 millones de euros correspondientes a la defensa de unos 6.000 cooperativistas; en su mayor parte ya desembolsados, indica Jaime Suárez, al frente del despacho.

Los millones de euros que harán falta para resarcir a los cooperativistas —que llevan años sufriendo el desgaste de no tener vivienda y estar abocados a pleitear—, no saldrán en su totalidad de las arcas de estas dos multinacionales. Las reaseguradoras están aportando algunas cantidades, según diferentes contratos.

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