Más disciplina para los cursos

Los cursos de formación para el empleo, gestionados por comunidades autónomas, empresas y agentes sociales, se han saltado a las primeras páginas de los periódicos por su importancia social y por los escándalos que han asolado al sistema. Inexistentes hace 30 años, ya que el sistema arrancó en 1992, estos cursos mueven 2.300 millones de euros al año, “unos 1.800 millones de euros procedentes de las cuotas de formación del 0,7% en la nómina, otros 380 millones del Presupuesto del Estado y 100 millones más del Fondo Social Europeo”, según explica María Mateo, asesora de la Secretaría de Estado de Empleo.

Pese a que el 85% de los trabajadores se declaran satisfechos con los cursos tras recibirlos, lo cierto es que no gozan de buena imagen. La absoluta falta de control sobre el sistema los han puesto en el disparadero. Tanto que hasta los sindicatos reconocen la necesidad de la reforma. “No tenemos dudas de que había que actualizar un modelo que viene de hace 22 años”, admite Teresa Muñoz, secretaria de Formación de UGT. Y apoya Javier López, secretario de Formación de CC OO: “Las irregularidades, desde fraudes a cursos mal hechos, han deteriorado la imagen de esta formación, lo que imponía un cambio”.

La situación había alcanzado tales cuotas de ‘alarma social’ que ningún Gobierno hubiera podido evitar el cambio. Tras 20 meses de negociaciones con comunidades autónomas, patronales y sindicatos (sin acuerdo), el Ejecutivo ha puesto en marcha la reforma con la aprobación de un decreto ley el 20 de marzo, convalidado esta semana por el Congreso. Aunque Mateo sostiene que se había iniciado con la reforma laboral de 2012.

Los últimos escándalos protagonizados en Andalucía y Madrid con los fondos públicos de la enseñanza han obligado a la revisión del modelo

Los dos grandes objetivos del nuevo modelo son acabar con el fraude y mejorar la eficacia de estos cursos, otro de sus grandes talones de Aquiles. De ahí que se centre en las tres patas del sistema: en los cursos gestionados públicamente (por las autonomías); la formación bonificada en las empresas; y los programas de la Fundación Tripartita, gestionados hasta ahora por patronales y sindicatos. Respecto a la efectividad, la transformación también se hacía urgente, porque hay menos dinero para distribuir que hace años, lo que obliga a ser eficientes. “Hace años teníamos 2.300 millones del 0,7% de la nómina para formación”, apunta López. Casi un 30% más que ahora.

Mayor control

Buena parte de los esfuerzos buscan lograr un mayor control de la forma en que las autonomías gastan el dinero que se les distribuye y que procede de las cuotas de formación que pagan trabajadores y empresas en la nómina. Esta área es el que se lleva la parte de león y en el que ha protagonizado mayor descontrol. Pese a que las comunidades autónomas deberían informar a Empleo de forma detallada sobre cómo gastan el dinero, la realidad no es así. “Había cierta información”, explica la asesora de la Secretaria de Estado de Empleo, “pero muy insuficiente. El Ministerio sabía vagamente lo que se estaba haciendo en cada comunidad, pero nada respecto qué convocatorias, qué cursos, dónde o cuándo o cuánta gente se formaba, o el impacto real de esta formación”.

Y el sistema se vio desprestigiado por infinidad de denuncias de irregularidades en la impartición de las clases y una serie de affaires, en Andalucía o Madrid, producto de esa falta de control. Asuntos que, por otra parte, ya se habían producido en distintas ocasiones y años atrás aunque quizás no con tanto impacto como el actual.

Por ello a partir de ahora habrá una serie de mecanismos de control, informatizados, que permitirán el seguimiento de los cursos en tiempo real. “Este primer semestre estará listo un sistema completo, con un registro de todas las entidades y centros y de las distintas modalidades formativas; habrá una cuenta formación [como ya anunció en 2012 la reforma laboral], un registro que va a acompañar a cada trabajador en su carrera profesional a modo de currículo sobre la formación recibida”, dice Mateo. Está previsto un portal de acceso público, en el que se expondrá la oferta formativa, por comunidades y centros. “El sistema incluye un compromiso de evaluación permanente. Y las autonomías serán responsables de medir su impacto sobre la empleabilidad del trabajador”, agrega. Se limita la posibilidad de pagar los cursos por adelantado al 25%, antes era el 100%. Y habrá una unidad de control, dentro de la Inspección de Trabajo.

Cheque para parados

Las autonomías que lo deseen podrán crear un cheque para los desempleados que, en lugar de ser enviados a un centro, pueden elegir el que prefieran y pagar con este cheque. La CECAP, la patronal de los centros de formación que agrupa al 65% del sector, considera muy positivo el cheque de formación. “Obliga a los centros a mejorar para que nos elijan”. Los sindicatos lo ven con reservas, pues el modelo “se ha intentado en Reino Unido y dio lugar a mucho fraude”, según Javier López.

Otro de los frentes es el de las subvenciones para cursos a patronales y empleados a través de la Fundación Tripartita. También aquí se han destapado diversos escándalos reciente y no tan recientemente. La Fundación Tripartita, participada por el Estado y los agentes sociales, repartía hasta ahora los fondos entre estos, que tenían autonomía para gastarlos. Sin excesivo control. Además de participar en el diseño y planificación de la formación, los agentes sociales podían impartir formación (a través de fundaciones o centros propios) o adjudicarlos a centros externos, privados, sin concurso.

Esta falta de control dio lugar a irregularidades. Los cambios aquí se iniciaron con la reforma laboral, cuando se establece que a los fondos de la Tripartita puedan acceder no solo los agentes sociales sino también los centros privados. Actualmente los fondos asignados ya no los podrán gestionar directamente, sino que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) los distribuirá por los centros acreditados a través de concursos. Para los agentes sociales esto es un contratiempo. Pese a que han creado sus entidades de formación, si quieren seguir impartiendo cursos tendrán que presentarse a los concursos en concurrencia. El problema es que los centros ligados a los agentes sociales carecen, por lo general, de la eficiencia que sí muestran los privados, según la Administración.

Otro rol

Así se justifica el desplazamiento de sindicatos y patronales de la gestión del sistema. Aunque, para Mateo, “tendrán un papel en la formulación del plan plurianual de empleo, donde se establecerán las necesidades actuales y futuras del tejido productivo y las áreas de formación prioritarias, ya que son ellos los que tienen la capilaridad y conocimiento directo”. Un papel que, para CC OO, es insuficiente. “Queremos estar presentes en el diseño, control y seguimiento de los cursos”, explica López. Y Teresa Muñoz, de UGT, se queja de que “esperábamos una participación más decisoria”.

En la llamada formación bonificada las cosas se van a mantener parecidas a como estaban. Los cursos impartidos por las empresas y financiados a través de bonificaciones que derivan del pago del 0,7% en las cuotas de formación en la nómina se llevan cerca de 650 millones de euros al año. Los sindicatos se han mostrado molestos con este punto. “Han mantenido esa formación en las empresas sin control de ningún tipo. El empresario puede gastar el dinero como le dé la gana”, según CC OO, que critica que “antes no se bonificara ningún curso de menos de cuatro horas y ahora se puedan dar con una hora”. La reforma busca meter a las microempresas en el sistema, justifica el Gobierno, ya que “el 90% de las grandes empresas hacen formación, pero solo el 25% de las micro”, señala la asesora del Ministerio de Empleo, “de ahí que hayamos agilizado el sistema para que estas puedan entrar y formar a sus trabajadores”.

Las empresas no han sido las únicas beneficiadas por la reforma. En la CECAP, que agrupa a 2.000 empresas con unos 25.000 trabajadores, la han recibido muy bien “porque creemos que esa concurrencia competitiva va a ser buena para nosotros y para los trabajadores, que accederán a una oferta más amplia y de mayor calidad”, sostiene Javier Jiménez Ortiz, su presidente, que también celebra la puesta en marcha de los planes plurianuales de formación, “lo que nos dará la certidumbre para hacer inversiones a medio plazo”.