Industria sostiene que la luz subiría un 50% con la propuesta socialista

El sistema eléctrico habrá terminado el ejercicio de 2014 con superávit de entre 100 y 200 millones de euros, según las estimaciones del Ministerio de Industria. De esta forma, se habrá acabado con 14 años de déficit entre 2000 y 2013 y, además, será el primer año en el que se reduce la cuantía acumulada de la deuda, que llegó a alcanzar los 26.000 millones. Las mismas fuentes sostienen que la propuesta socialista de elevar la presencia de renovables en la generación eléctrica y recuperar las ayudas a este tipo de producción, supondría un encarecimiento del coste del recibo del 50%.

Según las fuentes de Industria, la consecución del superávit de 2014 se debe, además de los cambios introducidos en el sistema, al cobro del canon hidráulico, parte de la devolución de las ayudas a renovables que tiene que retornar las empresas por haber cobrado de más y algunos flecos de ejercicios anteriores, por lo que incluso puede ser algo superior a las citadas estimaciones. La cifra definitiva se concretará cuando se publique el informe de los resultados de la última liquidación provisional de la retribución de la producción eléctrica, prevista para finales de este mes.

Como consecuencia de ello, se espera que el peso del coste de la electricidad vaya bajando y ayude a la recuperación económica. Asimismo, se abre la posibilidad de que repercuta en un precio de la luz más barato. Al no haber déficit, las fuentes informantes sostienen que se ha conseguido que se estabilicen los precios y haya tendencia a la baja. En el mismo sentido, han aprovechado para destacar que no haber heredado el déficit se podría haber bajado el recibo entre el 10% y 15% y arremeter contra la propuesta socialista reiterada recientemente por su líder, Pedro Sánchez, de favorecer las energías renovables.

La reforma eléctrica tiene todavía asuntos pendientes para completarse. Entre las cuestiones principales, quedan por resolver el decreto de autoconsumo, los valores unitarios de la actividad de transporte y distribución, el PVPC (precio voluntario al pequeño consumidor) sin discriminación horaria y la hibernación de los ciclos combinados.

En el primero de ellos, el ministerio tiene previsto que este mismo mes se inicie el trámite para la puesta en marcha del real decreto que lo regule, aunque prevé que esté en vigor antes de que acabe la legislatura actual. El objetivo es que el peaje sea el mismo para todos los consumidores; es decir, que los autoconsumidores no tengan ventajas sobre el resto. El autoconsumo permite que de las tres patas que forman el precio de la electricidad (generación, costes regulados e impuestos), el usuario no pague el coste de generación y reduzca los impuestos. Los costes regulados (incluyen las renovables, las redes, la deuda y la conexión extrapeninsular) tendrán que pagarlo igual que el resto a través de los peajes, sobre lo que Industria prevé que sigan congelados hasta 2020.

En el PVPC, se pone en marcha un contrato más simple sujeto al consumo horario. La entrada en vigor estaba prevista para abril, pero se ha dado un periodo de transición de unos tres meses. El ministerio no tiene datos sobre el número de contratos horario. En el nuevo sistema podrán coexistir los contratos con discriminación horaria siempre y cuando así lo determine el consumidor con su suministrador.

En cuanto a los valores unitarios, el ministerio está trabajando sobre la propuesta enviada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para ponerlo en marcha. Algo parecido ocurre con la hibernación de los ciclos combinados. Según las fuentes informantes, el proceso tiene que ir más despacio para poder determinar el máximo de activos hibernados. En ese sentido, existe la evidencia de que el crecimiento del consumo eléctrico no va a la misma velocidad que el de la economía, lo que complica las previsiones sobre el comportamiento futuro de la demanda. Las compañías eléctricas han enviado una propuesta para hibernar tres o cuatro años, aunque es o no quita que si quieren cerrar de forma definitiva una planta lo hagan, como ha ocurrido con las plantas de Castellón y Tarragona. La lentitud este proceso hace predecible que quedé pendiente para la próxima legislatura.