El Gobierno refuerza el control para evitar ‘cazaprimas’ en la agricultura

El Ministerio de Agricultura ha decidido aplicar una batería de medidas con el fin de controlar la actividad en las explotaciones agrarias que cobran las ayudas directas contempladas en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Estas exigencias afectarán sobre todo a las explotaciones que opten por recibir los pagos a cambio del mantenimiento del territorio, sin la exigencia de producir, en lugar de obtener una parte de sus ingresos por la venta de sus productos. “Nadie cobrará ayudas de la PAC por no hacer nada”, afirma rotunda la ministra del ramo, Isabel García Tejerina.

La reforma de la PAC contempla para España en 2015 unos fondos de casi 5.000 millones de euros en diferentes tipos, de los que la mayor parte (2.809 millones) corresponden al llamado pago base, cuyos destinatarios no tienen por qué producir y les basta con el mantenimiento. El Gobierno quiere reforzar el control en este apartado para evitar el riesgo de fraude.

Agricultura, comunidades autónomas y el sector habían acordado definir como agricultor activo y, por tanto, destinatario de las ayudas, a aquel para el que las ayudas de la PAC no supusieran más que el 80% de sus ingresos en la explotación y que los ingresos por su actividad productiva representaran, al menos, un 20%. Pero Bruselas, alegando exigencias de la Organización Mundial de Comercio (OMC), advirtió a España de que no podía obligar a nadie a producir para recibir las ayudas y que bastaba con que agricultores y ganaderos ya con derechos de pago se limitaran a labores de mantenimiento de las superficies.

Así, Agricultura ha elaborado una batería de medidas para el control, especialmente, de las explotaciones que opten por no producir. En esa línea, se definirá una lista negativa de entidades jurídicas que no pueden recibir pagos, como campos de golf o terrenos de aeropuertos, salvo que demuestren que las ayudas PAC no suponen más del 5% de todos sus ingresos o que su actividad agraria supone el 20% de los mismos.

El beneficiario titular de la explotación deberá asumir el riesgo empresarial en materia de costes y percibir los ingresos. La asignación de los derechos de pago sobre pastos no se hará a quienes no sean ganaderos. Se exigirá que todas las explotaciones se hallen registradas. Cuando no se declare un cultivo o carga ganadera, se definirán las tareas que se deben realizar para mantener la superficie de cultivo o para el desbroce y siega de pastos. Habrá definiciones sobre lo que es una superficie abandonada y se considerará como explotación de riesgo cuando esté tres años de barbecho o de pasto sin pastoreo.

Habrá una lista negativa de entidades que no podrán recibir ayudas: terrenos de campos de golf o de aeropuertos

La ministra lamenta que algunas organizaciones agrarias hayan creado alarma sobre la posibilidad de que las menores exigencias comunitarias pudieran ser un coladero para los cazaprimas, como si la no actividad fuera algo generalizado. Tejerina entiende que su departamento ha hecho un gran esfuerzo para controlar el destino de los pagos, algo que, en su opinión, no hizo la Administración anterior. Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se recalca que dar ayudas solo por el mantenimiento de un territorio, desvirtuando el término de activo y actividad agraria, va en contra de los profesionales, supondrá menos producciones, más importaciones, menos rentas y con ello más abandono del medio rural.

Por otra parte, para cobrar el llamado pago verde, que suma 1.452 millones, los beneficiarios deben cumplir una exigencias sobre rotación de cultivos, así como abandonar un mínimo de un 5% de la superficie cuando la explotación supere las 15 hectáreas. Este requisito no afecta a los pequeños agricultores con ayudas por debajo de los 1250 euros y, entre otras, a las explotaciones permanentes, como un olivar o un viñedo.