La difusa frontera entre la colaboración y el negocio

El fenómeno es imparable. Los datos que genera la economía colaborativa desbordan cualquier previsión: 2.580 millones de euros movieron las empresas del sector en todo el mundo en 2013, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un 25% más que el año anterior. “Las reglas del juego están cambiando”, sentencia Carlos Trias, miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE). El órgano consultivo europeo emitió un dictamen en enero de 2014 (Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI) con el objetivo de presionar al Consejo Europeo para que incluya la nueva corriente en su agenda de trabajo. La envergadura del movimiento impide darle la espalda. Promotores y detractores claman por una regulación que dé luz a la penumbra legal en la que se encuentran.

La revista Time la ha calificado como una de las 10 ideas que cambiarán el mundo. “No surgió ayer, pero ahora es un fenómeno global”, dice Trias. Internet ha hecho posible que sus seguidores se propaguen como un virus. El 76% de los españoles ha alquilado o compartido alguna vez bienes y servicios, según datos de Avancar. Su filosofía de producción y gasto responsable convence en un mundo hiperconsumista. “Nos hemos dado cuenta de que el sistema actual tiene demasiadas deficiencias”, añade Trias. El modelo facilita que las clases medias accedan a productos y servicios. “Hay un cambio de conciencia”, explica Luis Tamayo, sociólogo experto en economía colaborativa. “Lo vimos con la digitalización de la música: no queríamos un CD, sino la música que contenía”. El sociólogo apunta tres factores clave para explicar el auge: la accesibilidad de la tecnología, la preocupación por el medio ambiente y una nueva conciencia de consumo, basada en el uso y no en la posesión.

España, a diferencia de otros países, no cuenta con un sistema fiscal que deje exentas las pequeñas retribuciones

Un ejemplo que aúna los tres criterios de la también llamada economía del uso es Bluemove, dedicada al carsharing, alquiler de coches por horas. Ofrecen vehículos que aspiran a sustituir al coche como propiedad. Se reservan a través de una aplicación y están repartidos por toda la ciudad. Además, han puesto en marcha el “coche de barrio”, un vehículo que comparten diferentes vecinos a través de un contrato de renting. Lo lanzaron este año “y las peticiones duplicaron las esperadas”, afirma Sócrates Domínguez, portavoz de la empresa.

Del mismo modo que con la digitalización de la música apareció la piratería, los problemas legales llegaron con la consolidación del éxito. Se enfrenta a una normativa obsoleta en la que no encaja y a una fama de la que muchos intrusos quieren participar. “La economía colaborativa solo englobaría a aquellas plataformas que no intermedian en la casación de la oferta y la demanda, solo son espacios donde oferta y demanda se conocen, como los bares en el mundo offline”, explica Rosa Guirado, economista y abogada. “Su peculiaridad es que, al tratarse de servicios prestados por particulares para particulares, su dimensión es muy pequeña, generarán microingresos”. España, a diferencia de otros países, no cuenta con un sistema fiscal que deje exentas las pequeñas retribuciones. El principal reto de la economía colaborativa es que se regule teniendo en cuenta que se establece un sistema horizontal, de igual a igual, de ciudadano a ciudadano y no vertical, de empresa a consumidor.

El control de la fiscalidad es el punto débil. Sin embargo, hay empresas que presumen de haber reflotado una actividad sumergida en la economía callejera. Ticketbis se presenta como la web española que ha convertido en “fiable, segura y transparente” la reventa. “En realidad, la transacción en sí no es ilegal”, explica Jon Uriarte, cofundador de la web que funciona en más de 30 países. “Se pena el vandalismo que esto pueda ocasionar, pero no el intercambio en sí”. Los usuarios venden a través de la página entradas para espectáculos que no van a utilizar. “Todas las transacciones se hacen con tarjeta de crédito, así que quedan registradas y pagamos por ello”.

Ahora trabajan en un sistema que oriente a los usuarios para que no sufran abusos de precio. Trias, como director de la Asociación General de Consumidores —una confederación de ámbito estatal—, tiene como máxima preocupación evitar estos atropellos. Por ello quiere que la UE se sitúe “a la vanguardia de la innovación hacia nuevos modelos” y que lo haga “inscribiendo el consumo sostenible como un derecho en su legislación”, como así expuso en París el pasado año ante un público experto.

“Los consumidores están más protegidos que nunca”, asegura José Luis Zimmermann, promotor de la primera plataforma de economía colaborativa nacional, Sharing España. “No hay mayor garantía que la que nos dan nuestros iguales”. Se refiere al modelo que siguen estos negocios: comentarios y valoraciones de sus propios usuarios. La lógica que defienden es que, si el servicio no es bueno, las malas notas propiciarán la muerte de la empresa. Miguel Ferrer, abogado y coordinador de Sharing España, señala que, al igual que el sistema fiscal, la normativa de protección del consumidor tampoco está preparada para una relación entre ciudadanos: “Hay plataformas que ofrecen seguros, pero son un plus de calidad, la normativa del comercio electrónico no fija como responsable al intermediario. Habrá que regular según el nivel de implicación de las plataformas”. El abogado, como el resto de expertos, defiende el sistema de reputación. Como Rachel Botsman, referente mundial de la corriente, que augura que la confianza será la moneda del futuro.

Juan Gregorio Ruiz es un ex guardia civil reconvertido en guía turístico: “Aquí en la plaza Mayor se ajusticiaba a los presos”. Habla para un grupo de turistas, les enseña Madrid a través de crímenes históricos. Lleva 15 minutos y ya se ha ganado al público. Ofrece sus servicios a través de Madrid a pie, un grupo de “enamorados de Madrid”. Así lo define Néstor Rosas, su promotor. Se quedó en paro con 50 años y se le ocurrió que podía emplear su experiencia en el sector turístico para enseñar su propia ciudad. “Al principio no sabía qué hacía mal, empecé con un cartel en la plaza Mayor y no se acercaba nadie”. Descubrió entonces webs en las que anunciarse, como Sherpandipity, y ahora tiene una socia y cinco guías. En 2010 la Comunidad de Madrid liberalizó el sector después de una lucha entre los guías oficiales y los “intrusos”. “Hoy ejercemos con libertad, pero no contamos con una acreditación que nos avale”, lamenta Rosas.

La economía colaborativa se alza como baluarte democratizador: cualquier ciudadano puede participar. Las voces promotoras del fenómeno se tiñen de positividad y hablan de ampliar las posibilidades de la clase media y de los países en desarrollo. Sin embargo, sin acceso a Internet es imposible. “Te obliga a estar presente en redes sociales”, concede el sociólogo Tamayo. Los expertos apuestan por fomentar la alfabetización digital para que no se quede fuera ningún segmento de la población.

Los sectores más desarrollados son la movilidad y la hostelería. “Necesitamos contrarrestar la fuerza devastadora de los lobbies, que mueven voluntades y destruyen Gobiernos si hace falta. Eso intento trasladar en Bruselas”, confiesa Trias. No plantean un nuevo sistema, sino alternativas al que ya existe. Los hoteles se levantaron contra las habitaciones particulares, las empresas de autobuses contra Blablacar y los taxistas contra Uber. Europa concluyó el pasado mayo que no ejercía competencia desleal, pero puntualizaba Ryan Heath, portavoz comunitario, que esto no quiere decir que los conductores de Uber no deban pagar impuestos.

A favor o en contra, la corriente pide a gritos una regulación. Trias apuesta por “potenciar la sociedad del conocimiento y de la información desde una perspectiva participativa y colaborativa, así como de las redes sociales como forma de expresión y participación social en el sistema, que coadyuve a erradicar cualquier tipo de brecha existente: digital, social, cultural o económica”.