El coste de la contaminación

La explotación masiva y acelerada de materias primas está causando el deterioro (quizá irreversible) del entorno natural del planeta, un cambio climático, más pobreza a medio y largo plazo, el aumento de la desigualdad, un recrudecimiento de los conflictos sociales y la desaparición de los recursos energéticos o alimentarios. Visto desde la perspectiva de 2014, este es el escenario, potencialmente catastrófico, de las consecuencias de la despreocupación sistemática por el medio ambiente, en el supuesto de que cambien radicalmente las condiciones de producción y obtención de energía. Los precedentes del problema medioambiental son contradictorios; hasta ahora, ha resultado imposible poner de acuerdo de forma efectiva (las declaraciones, por supuesto, son complacientes) a los países más contaminantes para que redujeran paulatina y sustancialmente las emisiones de CO2; por el momento, los Gobiernos han sido incapaces de detener la deforestación masiva y sustituirla por una tala ordenada con repoblación; y el consumo de agua, un bien cada vez más escaso, sigue sin someterse a reglas racionalizadoras. Por otra parte, la tecnología energética avanza (a un alto precio), crece la percepción política de que la amenaza es real y, en última instancia, resulta que una industria que defienda el medio ambiente puede ser tan rentable o más que la que se ocupa de degradarlo.

Hay que desechar la tentación de la catástrofe, pero la relación entre economía y medio ambiente se aproxima a un punto crítico

Sin necesidad de subrayar la probabilidad de que se cumplan los peores temores, hay que explicar que el deterioro medioambiental ha llegado a niveles tan graves que debería preocupar a las empresas tanto o más que a los Gobiernos. Quizá ha pasado el tiempo en el que podía defenderse la idea “quien contamina paga”; por el contrario, la situación exigiría que la contaminación no tenga precio, sino que sea prohibida y perseguida. Pero como este cambio conceptual es difícil que se produzca de inmediato, lo más práctico es considerar la contaminación como una externalidad que debe integrarse como una resta de las ganancias. A través de pesados impuestos, por ejemplo. La contaminación nunca ha sido considerada como lo que es, un coste que recae en los ciudadanos que no se benefician directamente de ella.

Hay empresas que se disponen a rentabilizar las amenazas de la contaminación. Son las aseguradoras, o los fondos constituidos para acumular y distribuir agua o los fabricantes de diques contra las inundaciones. La reacción es coherente con la percepción de un beneficio potencial, pero debe tenerse en cuenta que la creación de empleo y la rentabilidad que pueden generar no compensará la pérdida de riqueza y de puestos de trabajo que están asociadas al cambio climático a medio y largo plazo. Lo lógico sería que en esta etapa crucial para los recursos naturales se intensificase la inversión en tecnología para detener la contaminación. Las energías renovables son la opción obvia, pero o bien no se han encontrado soluciones para integrarlas en un sistema continuo de suministro o bien son caras y muchos países no pueden pagar el coste de la innovación. Las opciones políticas son limitadas: o se confía la investigación, innovación y aplicación al mercado o el Estado utiliza los ingresos obtenidos de las sanciones por contaminación para impulsar el I+D correspondiente. Hay que desechar la tentación de la catástrofe, por supuesto, pero lo cierto es que la relación entre economía y medio ambiente se aproxima a un punto crítico.