Montoro asume la quita de los intereses de la deuda regional

El Ministerio de Hacienda ofreció ayer a las comunidades un nuevo plan para mejorar la liquidez regional en unos 40.000 millones en los próximos tres años. La propuesta del Gobierno consta de tres ejes: un nuevo Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para 2015, que ofrecerá préstamos del Estado por un importe de 28.100 millones a un tipo 0% para las administraciones que incumplieron el objetivo de déficit en 2013 (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Canarias, Asturias y Cantabria).

Otro fondo denominado de Facilidad Financiera, que consiste en un crédito de 12.880 millones que estará vigente en los próximos tres años y con un tipo al 0% para los territorios que han cumplido con los objetivos presupuestarios (Madrid, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja y Extremadura). Y por último, el Gobierno pondrá en marcha el FLA social, es un fondo de hasta 1.280 millones para pagar las deudas que las comunidades tengan con los Ayuntamientos por los convenios relacionados con servicios sociales y que también estará financiado al 0%.

Este conjunto de medidas supondrá a las comunidades un ahorro de 5.552 millones en intereses el próximo año, según calculó el ministro Cristóbal Montoro tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —el órgano de interlocución entre el Ejecutivo y los consejeros de Finanzas— celebrado ayer.

En la práctica la propuesta de Hacienda supone una quita de una parte de la deuda autonómica porque el Estado les perdona los intereses. Aunque Hacienda rechaza definirlo como quita y prefiere llamarlo como “reestructuración” de la deuda autonómica, que asciende a unos 230.000 millones de euros, lo cierto es que son las propias comunidades las que admiten que es una quita.

La cita provocó un enfrentamiento entre las comunidades más austeras, que hasta ahora no han necesitado la ayuda de los fondos de liquidez estatales, y Hacienda. Los territorios más saneados consideran que la propuesta del Gobierno supone un agravio que favorece a las autonomías incumplidoras con los objetivos de déficit público.

El consejero de Hacienda de Madrid, Enrique Ossorio, calificó la batería de medidas financieras del Gobierno como “una injusticia. Nos hemos encontrado con una diferencia de trato brutal”. Y agregó: “Nos oponemos de manera radical”. La responsable de Finanzas de Castilla y León, Pilar del Olmo, también salió “insatisfecha”.

Casi todos los consejeros se quejaron de la falta de transparencia de Hacienda porque en la reunión no se les facilitó la propuesta oficial por escrito y no conocieron la letra pequeña de las medidas. Tendrán que esperar al próximo viernes cuando el Consejo de Gobierno apruebe el decreto que regule cada uno de los nuevos fondos. Pero en el fondo todos salieron del cónclave mejor de lo que entraron. El ministro Montoro restó importancia a las diferencias y aseguró que las medidas “permitirán trasladar el ahorro en los mercados financieros a todas las Administraciones Públicas, priorizando el gasto social”.

Montoro reconoció que las más incumplidoras salen relativamente más beneficiadas pero insistió en que hace política de Estado para que mejoren todos los territorios y destacó el carácter político de la propuesta. El paquete de medidas beneficia sobre todo a Cataluña, que el próximo año se ahorrará unos 1.200 millones. También beneficiará a la Comunidad Valenciana, unos 700 millones, Murcia (unos 200 millones) y Castilla-La Mancha (200 millones).

Para compensar a las comunidades que no han acudido al FLA —el fondo de rescate para administraciones en apuros—, Hacienda decidió perdonarles las liquidaciones negativas del sistema de financiación durante 2015. Además, les permitirá financiar a través del nuevo Fondo de Facilidad Financiera la deuda comercial derivada de los excesos de déficits de años anteriores.

Hacienda cree que la deuda autonómica está lastrando el proceso de consolidación fiscal. Por eso, ha ideado un sistema para que las comunidades limiten al máximo sus costes financieros. Por un lado, los territorios que se sumaron al FLA y al plan de pago a proveedores no tendrán que pagar intereses en 2015 por los cerca de 93.000 millones que el Estado les ha prestado desde 2012.