Cinco medidas para el necesario retorno de la política de vivienda

Los desahucios y la desaparición de la oferta de viviendas protegidas son los aspectos más visibles de la situación de la vivienda en España. A ello se une la presencia de los fondos de inversión comprando viviendas con buen mercado y de lujo ("de alta gama" es una expresión frecuente). La compra por tales fondos de viviendas de alquiler a algunas administraciones públicas anticipa nuevos y sangrantes desahucios.

Frente a esta situación, en la práctica no hay en España política estatal de vivienda en 2014. No hay objetivos cuantitativos anuales ni mecanismos de seguimiento en el conjunto de normas comprendidas en el Plan 2013-16, regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril del Ministerio de Fomento. En la presentación del oscuro plan se aludió a un total de 200.000 ayudas al alquiler y a 50.000 viviendas rehabilitadas, sin más detalle. Tampoco se han divulgado objetivos desagregados para cada autonomía. El Gobierno ha firmado convenios en 2014 con estas para subvencionar, de forma genérica, las actuaciones recogidas en el plan del que han transcurrido dos años y no se conoce resultado alguno.

El coste presupuestario previsto de las ayudas directas a la vivienda en 2015 es de 587,1 millones de euros. Las ayudas fiscales tienen una incidencia presupuestaria muy superior, unos 3.338 millones de euros. Dentro de estas últimas destaca la desgravación por acceso a la vivienda habitual en el IRPF y la aplicación de un tipo reducido del IVA a 10% a las ventas de nueva construcción.

La gestión y aplicación de las actuaciones previstas en el Plan 2013-16 se ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas. No está previsto divulgar datos sobre la ejecución de dicho plan. La oscuridad y la falta de transparencia no pueden ser más evidentes. Contrasta la falta de tensión en el seguimiento del plan desde el Gobierno central con la actitud hasta ahora mantenida en materia de diseño y ejecución de los planes plurianuales precedentes, incluidos los gobiernos del Partido Popular entre 1996 y 2004.

El problema del acceso a la vivienda se agravará en cuanto se afiance la recuperación de la economía. Para un hogar mileurista el esfuerzo de acceso a una vivienda de 90 metros cuadrados construidos en propiedad es del 51,3% de los ingresos, supuesto que el comprador acceda a un préstamo y tenga ahorros para cubrir el 20% del precio de venta no cubierto por la hipoteca. Dicho esfuerzo supera el 60% de los ingresos familiares en el caso de una vivienda de alquiler.

En 2014 para acceder a la vivienda en España los nuevos hogares deben destinar más de la tercera parte de los ingresos del hogar como renta o como pago de la hipoteca, tope que se considera no debe de superarse. En el caso de salarios inferiores a los 1.000 euros solo cabe acceder a viviendas de alquiler de precio reducido o hacinarse en pisos compartidos.

Pero la política de vivienda presenta en 2014 una problemática adicional a la del elevado esfuerzo que supone el acceso para numerosos hogares. La significativa morosidad de los préstamos a comprador ha provocado un volumen intolerable de desahucios de viviendas ocupadas por deudores hipotecarios insolventes. Entre 2008 y 2013 hubo más de 100.000 entregas involuntarias de viviendas habituales a bancos. En 2014 persiste el fuerte ritmo de los últimos años. El que los desahucios se hayan convertido en una noticia habitual no reduce la gravedad del fenómeno. El goteo persistente de noticias viene a ser un recordatorio de que, aun habiéndose recuperado el crecimiento, en la economía española persiste un clima de crisis.

La política de vivienda no puede liquidarse con decretos y con convenios de cumplimiento indefinido con las autonomías, dejando en manos de la caridad la solución de los problemas más acuciantes. Debe recuperar protagonismo, estableciendo con claridad unos objetivos a cubrir y unas actuaciones a desarrollar.

Parece claro que los objetivos básicos de la política de vivienda deberían de ser los relativos a (i) favorecer el acceso, con un esfuerzo no superior a la tercera parte de los ingresos, a hogares con niveles de ingresos reducidos, y (ii) facilitar alojamiento a los hogares desahuciados, anticipándose a la ejecución. Entre las actuaciones más relevantes a poner en práctica destacan las siguientes:

Primero. Ayudas directas a los arrendatarios, para hogares con ingresos no superiores a tres veces el IPREM (unos 1.800 euros), que cubran hasta el 35% del alquiler y con una duración prorrogable de dos años.

Segundo. Impulso a la creación de parques públicos estables de viviendas de alquiler a partir de las de nueva construcción y vacías. Se negociaría con Sareb y con los bancos el alquiler social de las viviendas en poder de dichas entidades.

Tercero. Aproximar la normativa española en materia de desahucios a las prácticas frecuentes en Europa Occidental y en otros países desarrollados (ley de sobreendeudamiento), de forma que no se desahucie al insolvente que actuó de buena fe, estableciendo un plan de pagos. Se modificarían la normativa vigente (Ley 1/2013) para acabar con los desahucios de tales insolventes.

Cuarto. Dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) se debe de crear un vehículo financiero dedicado en exclusiva a prestar para la creación de una oferta estable de alquiler y también a la rehabilitación.

Quinto. Apoyo a la rehabilitación. En diez años todos los edificios públicos deberían de ser eficientes desde el punto de vista energético. En 2025 el 100% de la nueva vivienda protegida sería sostenible.

Julio Rodríguez López es miembro de Economistas frente a la Crisis y del Club de Debates Urbanos