Un Castor para los desahucios

Para los problemas de Florentino, soluciones rápidas. Para los dramas de los desahuciados, putrefacción lenta. Exactamente así es este final de época.

El Gobierno acordó indemnizar a la concesionaria del almacén gasista subterráneo Castor, Escal UGS —filial en dos tercios de la ACS que encabeza Florentino Pérez—, para compensar su “hibernación”, el 3 de octubre. O sea, al cabo de un año de una serie de terremotos; y poco después de que en junio Escal renunciase a la concesión. El 11 de noviembre, un mes y pico después del acuerdo, la concesionaria cobró. Fue pagada por la pública Enagás, mediante un crédito de 1.350 millones de euros, al módico (¿?) tipo de interés del 4,27%, que se repercutirá sobre los consumidores en la factura del gas —usted, por ejemplo— a razón de 30 anualidades de 100 millones. El coste total de la parálisis ascenderá a 3.500 millones.

Poco más de un mes: un gozo de cobro exprés, tratándose de Administraciones tan morosas como las nuestras. Gozo y regocijo (pelín asimétrico), porque no hubo plazo para calibrar si medió negligencia en la gestión del Castor y no se estudió ni cuantificó el daño causado a los vecinos y propietarios de la zona. Amén de que la concesión fue otorgada tras el despiece de los proyectos componentes y el desplazamiento desde la tutela catalana (más exigente en medio ambiente) a la valenciana (más permisiva).

Aparte de que Bruselas puede acabar tomando cartas en el asunto, por tratarse eventualmente de una ayuda pública directa al concesionario prohibida por el Tratado de Lisboa (artículos 81 y 82) por falsear la competencia. Para más detalle, vean las objeciones del defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, en su Informe sobre el projecte Castor (www.sindic.cat).

Económicamente, “era la Administración la que soportaba todo el riesgo”, escribe Juan José Ganuza (www.nadaesgratis.es). Al socializarse las pérdidas, las empresas no asumen riesgos: carecen de incentivos para “discriminar entre los proyectos y se convierten en peligrosos emprendedores de elefantes blancos, proyectos con un valor social negativo”, concluye.

Vamos ahora al ritmo lento. Los desahucios bancarios de vivienda ocupada aumentaron el primer semestre un 17% sobre igual periodo de 2013, hasta 1.218 casos (EL PAÍS, 14 de noviembre). Hay días que solo en la ciudad de Barcelona, una de las más sufridoras, alcanzan la veintena. Y eso que ya rigen algunas de las mejoras de la ley hipotecaria. Si el problema empeora y dura ya desde 2009, seis años, seis, ¿no debería aplicarse al mismo la rapidez del castor y la contundencia del BOE? Calculen unos dos mil casos/año a unos 250.000 euros/caso, total 500 millones/año.

Este sería el coste máximo de resolver —cancelando el total de la deuda— la parte más dramática del segundo problema socioeconómico español, tras el paro. Considerable, pero limitado, pues hay medidas intermedias más baratas, vía quitas, daciones, acuerdos, apoyos municipales y de las oenegés. Asumible, porque el drama corroe la cohesión social. Amenaza a la conservación del sistema económico.