El Congreso pide revisar los costes de todos los AVE al Tribunal de Cuentas

La comisión del Congreso que gestiona las relaciones con el Tribunal del Cuentas ha instado a este último órgano a revisar los sobrecostes de todas las obras de AVE realizadas desde 2002 tras los desfases de hasta el 230% descubiertos en la línea entre Madrid y Barcelona. Según un informe de la comisión que ha publicado este martes el BOE, lo ocurrido con este proyecto pone en duda la planificación de unas infraestructuras planteadas en la época del boom y las inversiones desaforadas.

Para evitar que la situación se repita en futuros proyectos, el Congreso insta también al Tribunal de Cuentas a "efectuar un diagnóstico de las causas" que han derivado en "una estimación tan deficiente de la demanda de transporte". También, según la resolución aparecida en el BOE, anima a la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda a identificar los motivos de "la inadecuada planificación, en general, de las inversiones públicas tanto en lo que se refiere a la línea férrea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, como en otras Infraestructuras recientes de transporte", lo que invita a pensar, por ejemplo, en las autopistas radiales.

En la misma línea, la comisión reclama un "análisis de las inversiones en infraestructuras de la última década desde el punto de vista de su contribución al crecimiento económico, al empleo, a la sostenibilidad del gasto público y a la sostenibilidad medioambiental". Y con las conclusiones que saque pide un sistema para aplicar esta forma de medir la relación entre coste y rentabilidad en las futuras infraestructuras con vistas a evitar dilapidar los fondos públicos.

Caso omiso a las advertencias

El Congreso también exige que se investigue por qué ninguna de las instituciones públicas implicadas en el proyecto (Fomento, Hacienda, Administraciones Públicas o ADIF, entre otras) prestaron atención a las advertencias lanzadas por este Tribunal de Cuentas en los primeros informes.

En total, el coste de construir la línea del AVE a Barcelona sufrió una desviación "elevadísima" del 43,2% superior del precio de adjudicación de los contratos originales, con lo que superó los 9.000 millones de euros. En el periodo fiscalizado, recuerda el Congreso en el informe del Tribunal de Cuentas se tramitaron 336 prórrogas y ampliaciones de plazo sin más argumento que el de "evitar la paralización de la obras" y así cumplir los plazos de ejecución. "Sin embargo, en todos los contratos se superó ampliamente el plazo establecido", añade el texto publicado en el BOE.

A este respecto, el informe también hace hincapié en que "muchas modificaciones de proyectos no se debieron a la existencia de necesidades nuevas o de causas imprevistas", tal y como estipula la ley, "sino que respondían a deficiencias del proyecto o a una ejecución defectuosa".

Sin compensación

Asimismo, por lo que respecta a uno de los tramos que más caro salió, el último que iba de La Torrassa a Sants, el texto recuerda que ADIF "no exigió a la empresa adjudicataria de las obras la indemnización por daños y perjuicios por las obras de emergencia que se tuvieron que realizar por la mala ejecución" de los trabajos.

Junto a ello, también pone denuncia que la gran beneficiaria de los contratos de consultoría y asistencia fue una empresa vinculada al Ministerio de Fomento, que quedaba fuera de los procesos de licitación de resultas de la cual el valor de sus ofertas era el mismo que el de los pliegos técnicos, mientras que en los contratos que se licitaron el presupuesto de adjudicación fue inferior al presupuesto inicial. De haberse realizado una licitación competitiva, de acuerdo con la Ley de contratos del sector público, las adjudicaciones hubiesen tenido un precio inferior que realizar por la mala ejecución de la obra.

16. La gran beneficiaria de los contratos de consultoría y asistencia fue una empresa

vinculada al Ministerio de Fomento, que quedaba fuera de los procesos de licitación de resultas de la cual el valor de sus ofertas era el mismo que el de los pliegos técnicos,

mientras que en los contratos que se licitaron el presupuesto de adjudicación fue inferior

al presupuesto inicial. De haberse realizado una licitación competitiva, de acuerdo con la

Ley de contratos del sector público, las adjudicaciones hubiesen tenido un precio inferior