El colectivo del taxi protesta dividido en Madrid contra Uber

La aplicación reclama un "cambio de mentalidad" en España para favorecer a los usuarios

Un momento de la protesta por el paseo del Prado.
Un momento de la protesta por el paseo del Prado. Álvaro García

Taxistas convocados por la Federación Profesional del Taxi de Madrid se han manifestado este martes en protesta por la entrada de la aplicación Uber en la región y para reclamar que la administración aumente la vigilancia contra el intrusismo y se agilicen los expedientes, así como las sanciones. La movilización no ha sido secundada por la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid.

Los manifestantes han partido de la estación de Atocha y han discurrido por el Paseo del Prado —con una cabecera formada por algunos taxis— hasta llegar al Ayuntamiento. Según la asociación, más de 1.000 taxistas habrían secundado la marcha. También ha detallado que se han producido paros parciales de compañeros en la estación de Atocha y en el aeropuerto de Barajas. Aparte, ha dicho que se ofreció al resto de asociaciones y cooperativas participar conjuntamente en esta protesta, pero lo rechazaron.

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El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha explicado que la protesta se ha realizado sin incidentes y de forma correcta para expresar el rechazo del sector contra Uber, plataforma que pone en peligro el "sustento" de casi 25.000 familias que dependen directa o indirectamente de este sector, según ha dnunciado. Por este motivo, ha reclamado a las diferentes administraciones "soluciones" y más vigilancia. También ha solicitado la agilización de inspecciones y sanciones. En caso contraria, ha avanzado que las protestas se intensificarán.

Por su parte, la edil socialista Ruth Porta ha acudido a la manifestación para respaldar la postura de los taxistas contra Uber, una empresa que "opera sin las licencias requeridas y sin pagar impuestos, por tanto, de forma ilegal y fomentando la economía sumergida".

El pasado 6 de octubre, la Comunidad de Madrid inició un expediente administrativo sancionador contra la plataforma después de que la empresa no presentara la licencia administrativa para iniciar su actividad el pasado viernes, cuando finalizaba el plazo para ello. Ahora, Uber tiene 15 días para presentar alegaciones. El pasado 3 de octubre, en una de las inspecciones que se llevan a cabo regularmente en la región para detectar vehículos pirata, ya se detectó a un vehículo que operaba para Uber, al que se abrió un expediente sancionador.

Previamente, en una reunión que tuvo lugar el 30 de septiembre con las asociaciones gremiales del sector del taxi, la Comunidad de Madrid expresó su "compromiso" por evitar la competencia desleal y garantizar la seguridad de los usuarios, inspeccionar y sancionar a los vehículos piratas.

En Barcelona, donde Uber se implantó unos meses antes, no presentaron la documentación y empezaron a prestar servicio sin licencia, por lo que la Generalitat ya les abrió expediente sancionador.

La empresa pide "un cambio de mentalidad" en España

El responsable de Uber en Europa, Pierre Dimitri, ha denunciado que en España la legislación protege "más" a la industria del taxi que a los consumidores, por lo que ha pedido "cambiar de mentalidad" para aprovechar la tecnología a favor de la sociedad.

Durante su intervención en el 'FT Spain Summit 2014', organizado por 'Financial Times', Dimitri ha recordado que en Madrid por cada 30 taxis sólo hay una limusina, lo que ha destacado como "un ejemplo típico para proteger a los taxistas".

Para el responsable de Uber en Europa, España debería seguir el ejemplo de países como Estados Unidos, cuya legislación es "más pragmática y mucho más a favor" de los ciudadanos. En este sentido, se ha referido a cómo se trata de aprovechar una innovación tecnológica para recaudar más impuestos y contribuir así a la mejora de la sociedad.

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha convocado para este martes una manifestación para mostrar el rechazo del colectivo ante la entrada de Uber en la capital, tras haberse demostrado que "se trata de una empresa que opera sin las licencias requeridas y sin pagar impuestos, por tanto, de forma ilegal y fomentando la economía sumergida".

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