La polémica Uber desembarca en Madrid
La Comunidad de Madrid reclama que no empiece a operar hasta que acredite su legalidad El sector del taxi prepara protestas contra el inicio de actividad de la empresa
Uber desembarcó el martes en Madrid y, con ella, prendió de nuevo el conflicto entre esta aplicación de móvil para el transporte entre particulares y el sector del taxi, que protesta contra un servicio que considera competencia desleal. La compañía, que opera en Barcelona desde abril entre movilizaciones de los profesionales, no comunica ni el número de usuarios ni el número de conductores que forman parte de su red. Son los suficientes, señala, para que cualquier usuario que pida un coche no tarde más de unos cinco o siete minutos en recibirlo.El cliente lo pide a través de su móvil y acto seguido recibe notificación del nombre del conductor, el vehículo que conduce y los minutos que tardará en recogerlo. La web de Uber da precios orientativos por algunas carreras: desde el estadio Santiago Bernabeu hasta Sol, entre siete y 10 euros; de Sol a Marqués de Urquijo, unos cuatro o seis; y entre Arturo Soria y Príncipe Pío, de nueve a 13 euros.
La Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid mandó un requerimiento a la empresa para que no inicie su actividad hasta que acredite en el plazo de 10 díasque cumple con la legalidad vigente. Fuentes del Departamento que dirige Pablo Cavero señalaron a Europa Press que aunque la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) es estatal, la Dirección General de Transportes tiene las competencias de inspección y sanción.
¿Es legal lo que hace Uber?
¿Es legal que un particular le cobre a otro por llevarle en su coche? Esta es la cuestión clave del conflicto entre las nuevas plataformas de transporte con el sector del taxi y otros medios tradicionales. La Ley de Ordenación del Transporte (LOT) aborda la cuestión en el artículo 101 del Capítulo IV, relativo a los transportes privados, y solo contempla la posibilidad de “percepción de dietas o gastos de desplazamiento” para el dueño del vehículo.
La normativa considera que es transporte privado particular, y por tanto no sujeto a autorización administrativa, los dedicados "a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y sus allegados", así como los que se realicen en vehículos "cuyo número de plazas, o capacidad de carga, no exceda de los límites que reglamentariamente se establezcan".
Y en estos casos, apunta la Ley, "en ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas".
Uber alega que las tarifas que cobra -15 céntimos por minuto o los 65 céntimos por kilómetro- se enmarcan en los límites de una dieta que sirve para costear los gastos de mantenimiento de un automóvil y por tanto no infringiría la ley. La normativa no concreta lo que puede considerarse una "dieta o gasto de desplazamiento". De modo que eso deja un vacío regulatorio para Uber. En cambio, sí es más concreta cuando señala que es privado el transporte que cubre las necesidades del "titular del vehículo y sus allegados", lo que no corresponde con la naturaleza de una aplicación que pone en contacto a desconocidos
Las protestas pueden darse ya por descontadas. El presidente de la Federación del Taxi de Madrid, Julio Sanz, explicó a este periódico que se convocarán juntas en las distintas asociaciones para “tomar todas las medidas posibles”. El gremio llevaba meses aguardando el desembarco de Uber. “Era inminente y los avisamos a las distintas administraciones porque el negocio les estaba yendo muy bien en Barcelona”, apunta Sanz. A su juicio, la competencia con un colectivo que, protesta, no tienes las mismas obligaciones ni licencias que el taxi, “es la guinda” para un sector que a lo largo de la crisis ha perdido un 40% de la actividad, explica.
Los chóferes ocasionales son particulares que se ofrecen para transportar a otros particulares a cambio de una retribución. La compañía, que también tiene frente abiertos en otros países como Alemania, alega que no da cobertura a un servicio de taxi ilegal, sino que la regulación permite la remuneración a un particular “que no puede pasar de lo equivalente a una dieta, con el fin de compartir los costes de mantenimiento”, explican fuentes de Uber.
La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre define en su artículo 101, y su Reglamento de desarrollo (ROTT) en su artículo 156, el transporte privado particular, estableciendo que está exento de autorización y que, por tanto, puede prestarse libremente. "En este supuesto encajarían aquellas plataformas que estuvieran orientadas a compartir costes sin ánimos de lucro o beneficio económico que no realicen servicios profesionales de transporte bajo remuneración económica", explican desde el Ministerio de Fomento.
La compañía, que también tiene frente abiertos en otros países como Alemania, alega que no da cobertura a un servicio de taxi ilegal, sino que la regulación sí permite la remuneración a un particular que efectúa un servicio de transporte siempre y cuando solo sirva para costear gastos. Uber fija este listón en los 15 céntimos por minuto o los 65 céntimos por kilómetro, de los cuales un 20% van a aparar a la plataforma tecnológica. Esta tarifa se ha rebajado un 25% con motivo del lanzamiento en la capital, según informó la firma. Álex Droulers, portavoz de Uber en Europa, recalcó en declaraciones a este periódico que la compañía "no busca tomar cuota de mercado al mundo del taxi, es una plataforma para el coche compartido, un complemente".
Fenómenos como Uber o la aplicación Blablacar, para compartir coches entre ciudades, ha cogido a las administraciones con el paso cambiado, sin instrumentos legales suficientemente actualizados para dar respuesta o cobertura a actividades muy vinculadas a las aplicaciones móviles.
La cuestión de fondo, además, es dónde acaba la práctica de la "economía colaborativa", esa que busca ahorrar costes con la cultura de los bienes compartidos, y dónde empieza la economía sumergida.
El caso alemán es una buena prueba de la confusión: a primeros de septiembre, la Audiencia Provincial de Fráncfort vetó la actividad de Uber en Alemania y la amenazó con una multa de hasta 250.000 euros, pero el mismo tribunal concluyó la semana pasada, tras abordar el recurso de la compañía, que no había razón para una prohibición exprés. Y en Reino Unido, Transport for London (TfL), la entidad que regula y otorga las licencias del transporte privado en Londres, la ha declarado legal.
En España, el conflicto con los profesionales del transporte se gestó durante meses pero estalló el pasado junio, con huelgas en Madrid y Barcelona. El Gobierno quiso entonces que la Comisión Europea aclare la normativa de los diferentes servicios, pero Bruselas aclaró que no tiene las competencias al respecto y que la pelota, por tanto, está en el tejado de los gobiernos. La trifulca de esos días, paradójicamente, acabó por beneficiar al grupo, ya que se dio a conocer a mucha gente que ignoraba su existencia y disparó el número de madrileños que se descargó la aplicación, aunque esta aún no funcionaba en su ciudad.
El grupo opera a través de diversas modalidades, también con chóferes profesionales y coches de gama alta, como ocurre en ciudades como San Francisco, pero la que desarrolla en España, la de conductores particulares con coches de todo tipo, se denomina uberPOP, aunque se le conoce simplemente como Uber.
“uberPOP forma parte de una revolución global del transporte. En Uber, vemos un futuro en el que la gente usará menos el coche propio y apostará más por compartir vehículo, y por eso estamos construyendo hoy las smart cities del futuro”, dijo Alex Droulers.
Hoy mismo, la delegación de representantes de los taxistas viajó a Bruselas para mantener una reunión de coordinación con sus homólogos europeos y abordar con ellos estrategias y planteamientos comunes frente a los problemas del sector del taxi a nivel europeo, especialmente "ante el papel y actuaciones que está realizando la empresa Uber", señalaron la organizaciones en un comunicado, informa Efe. A lo largo del día tienen previsto reunirse con eurodiputados a fin de "exponer su posición y planteamientos de futuro para el sector del taxi", indicaron.
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