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El juez Andreu incorpora al caso Bankia los correos de Blesa sobre las preferentes

El magistrado solo utilizará las comunicaciones de 2009 y dirigidas desde el correo corporativo a directivos de la entidad

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido incorporar a la investigación del caso sobre la venta de preferentes de Caja Madrid, actual Bankia, los correos electrónicos del expresidente de la entidad Miguel Blesa, como le pedía una acusación particular. Sin embargo, las comunicaciones del financiero no van a entrar en el sumario de forma masiva e indiscriminada. El magistrado ha limitado la incorporación a aquellos correos enviados y remitidos desde la cuenta corporativa de Blesa en el año 2009, desechando aquellos correos de su cuenta personal. Además, el juez se ciñe a las comunicaciones del expresidente de Bankia con los miembros de la comisión ejecutiva y del consejo de administración de la sociedad.

En un auto de cinco páginas, el juez Andreu ha reclamado al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, y a la propia entidad que le remitan “a la mayor brevedad posible (…) cuantos correos electrónicos consten en sus archivos, en cualquier formato y que hayan sido emitidos o recibidos por D. Miguel Blesa de la Parra, a través del correo electrónico corporativo de Caja Madrid durante el año 2009 y mantenidos por el mismo con los miembros de la Comisión Ejecutiva o del Consejo de Administración de dicha entidad”.

Los correos de Blesa, que abarcan desde 1996 hasta 2009, fueron requisados por el juez Elpidio Silva, que los incorporó íntegramente a la causa que abrió sobre la compra de Bank of Florida por Caja Madrid. Sobre la base de esos correos, el juez Silva decretó por dos veces en 2013 el ingreso en prisión provisional de Blesa, razón por la cual ha sido juzgado por prevaricación. El conjunto de los correos contiene mensajes cruzados entre Blesa y personajes muy relevantes de la política y la empresa y también reflejan el nivel de vida y las prebendas de que gozaban Blesa y otros directivos de la entidad madrileña, que quebró en 2011.

Sin embargo, Andreu limita el ámbito de la investigación a 2009 y declara secretos los correos que va a incorporar a la causa “para salvaguardar los derechos en conflicto”. El juez argumenta que existen indicios suficientes que indican como los directivos y dirigentes de Caja Madrid "sabrían o deberían haber sabido el grave deterioro que la entidad estaba sufriendo" antes de la venta masiva de preferentes –deuda perpetua- a sus clientes, quienes sufrieron un grave quebranto económico. El contenido de las comunicaciones que sobre la comercialización de estas participaciones pudieran haber mantenido los directivos de Caja Madrid y singularmente su presidente “puede constituir un valioso acervo en las presentes diligencias dirigido a determinar la naturaleza y circunstancias en que ocurrieron los hechos investigados”, según Andreu. El juez justifica la medida de incorporar las comunicaciones en la “gravedad” y “trascendencia social y económica” de la supuesta estafa.