Rusia o la amenaza agraria permanente

Desde el pasado 7 de agosto, producciones agrarias y agroalimentarias comunitarias por valor de unos 5.200 millones de euros, de los que casi 2.000 millones corresponden a 2,4 millones de toneladas de frutas y hortalizas, se han visto bloqueadas y obligadas a buscar nuevos mercados ante la decisión de Rusia de prohibir durante un año su entrada en ese territorio como medida de represalia a los países que acordaron sanciones por la actuación de Moscú en la crisis de Ucrania.

Aunque el comercio agroalimentario de la Unión Europea con Rusia no llega al 4% sobre el conjunto de las exportaciones comunitarias, la falta de salidas inmediatas a esas producciones se ha traducido en una caída de los precios por el aumento de los excedentes. En el caso del porcino, donde Rusia cerró las fronteras a la UE en 2013 alegando razones de seguridad alimentaria, los operadores han abierto otras vías indirectas de entrada a través de algunos países de la Federación Rusa. Es probable que, en el futuro, suceda lo mismo con las frutas y hortalizas, pero, por el momento, son producciones que no tienen mercados alternativos. Bruselas ha iniciado las negociaciones con los países miembros para dar respuesta a los problemas de los sectores afectados.

En el caso de España, Rusia ha sido considerado tradicionalmente uno de los países objetivo de las exportaciones agroalimentarias fuera de la UE, tanto de los productos elaborados como en los frescos, y muy especialmente en frutas y hortalizas, debido al volumen potencial de su demanda, cercanía y complementariedad en las campañas de producción. Se trata de un mercado con grandes posibilidades de crecimiento, pero teñido con una importante dosis de inseguridad, donde escenarios positivos de crecimiento se pueden ver radical e inesperadamente truncados ante la volatilidad de las decisiones del Gobierno de Moscú en materia de comercio por razones políticas o económicas. En el veto actual a las frutas y hortalizas, los mercados de los países beneficiados sobre los que puedan tener otros intereses las autoridades rusas podrían ser los latinoamericanos y los del norte de África.

Actualmente, el comercio agroalimentario con Rusia, según los datos manejados por el Ministerio de Agricultura, se eleva solo a 65.537 toneladas de productos de origen animal, por valor de 143,6 millones de euros, el 1,50% del valor de todas las exportaciones de este tipo, y 275.000 toneladas de productos de origen vegetal por valor de 298 millones, que suponen el 1,65% de todas las exportaciones de esas producciones. La prohibición de las autoridades rusas no incluye vinos y aceites, y afectaría a unas ventas estimadas en 337 millones de euros, de los que 158 millones corresponden a frutas, 72 millones a hortalizas, 16 millones a pescados, 8 millones a carnes de vacuno y 3,6 millones a lácteos, a los que se sumarían otros 80 millones que ya se han dejado de exportar en porcino. Esta cifra supone el 1,8% de las exportaciones totales de estos productos, que suman 18.643 millones.

En España, oficialmente, el peso de las exportaciones directas al mercado ruso ascendería a unas 230.000 toneladas por valor de unos 250 millones de euros, que solo supondrían una media del 2% de todas las ventas en el exterior. Sin embargo, el impacto de la prohibición es mucho más grave si se tiene en cuenta que, de forma indirecta, vía la reexportación desde otros países como Holanda, Francia o Polonia, se estima que las ventas a Rusia podían ascender hasta el 5% de todas las exportaciones españolas y hasta el 30%, unas 600.000 toneladas, de las ventas comunitarias a ese mercado, a las que habrá que buscar otras salidas.

Se trata de una situación donde el problema de los excedentes por el cierre del mercado ruso es comunitario y las soluciones deben tener una respuesta global para toda la UE. Esa es la posición con la que aborda el problema la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para evitar el derrumbe de los precios.

Desde la Administración española, de acuerdo con los planteamientos del sector, se aboga por que Bruselas aplique inmediatamente los mecanismos de apoyo previstos contra situaciones de crisis, que cuentan con un fondo de más de 430 millones de euros. Agricultura reclama una política de retirada de acuerdo con la normativa comunitaria y que la actuación afecte no solo a 10.000 toneladas de melocotones y nectarinas, sino también a otras producciones y, todo ello, de forma rápida. España demanda además medidas de promoción para el consumo.