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Las empresas de renovables recurren la nueva normativa del sector

La asociación del sector mantiene que el Ministerio de Energía "ha desoído todas y cada una de las alegaciones realizadas"

Imagen de archivo de una planta de paneles fotovoltaicos Ampliar foto
Imagen de archivo de una planta de paneles fotovoltaicos EFE

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha presentado ante el Tribunal Supremo dos recursos contra la normativa que establece el nuevo sistema de incentivos para las energías renovables y contra la orden ministerial en la que se fijan los nuevos parámetros retributivos.

La asociación ha informado este jueves en una nota de prensa que se han interpuesto recursos contra el Real Decreto 413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica para renovables, cogeneración y residuos; y contra la orden con la que se aprueban los parámetros retributivos para estas instalaciones. Con la entrada en vigor de estas nuevas normativas, las renovables pasan a regirse por un sistema de incentivos a la inversión con una rentabilidad del 7,5% para toda la vida útil de cada instalación. Es decir, cada planta cobrará, más allá de lo que reciba en el mercado —y en función de la inversión— lo recibido hasta ahora y su vida útil.

APPA "ha tenido que recurrir a la vía judicial después de que el Ministerio de Energía, Industria y Turismo haya desoído todas y cada una de las alegaciones realizadas". La asociación hace hincapié en que y el real decreto y la orden ministerial, que forman parte de la "mal llamada reforma energética, han alterado de forma súbita y unilateral el marco retributivo" que determinó el modelo financiero y de negocio a partir del cual se realizaron las inversiones en renovables en España.

El cambio "ha sumido a las empresas del sector renovable en una situación crítica e incontrolable, que pone muchas instalaciones al borde de la ruina cuando no las aboca directamente al cierre", asegura APPA. La asociación insiste además en que la reforma "mina definitivamente la confianza en la seguridad jurídica de la economía española y está provocando la huida de inversores internacionales, no sólo en el sector energético, sino también en otros sectores de potencial atractivo inversor".

"El nuevo marco regulatorio establecido en nuestro país", se lee en la nota de prensa publicada por APPA, "comporta un impacto negativo especialmente grave sobre un sector económico en el que España era líder y que hasta ahora ha favorecido el crecimiento económico y la generación de inversión y empleo".

La nota remarca también que "definir políticas públicas basadas en la promoción de tecnologías emergentes, como son las energías renovables, y posteriormente alterar su retribución, al confiscar sorpresivamente sus ingresos vía impuestos, o eliminar sus incentivos reconocidos, no hace sino agravar la inestabilidad regulatoria y la inseguridad jurídica e incrementar el 'riesgo-país' frente al exterior".