El Banco Espírito Santo urge capital privado para evitar la intervención

Primero fueron retirados de la dirección del banco y ahora les han quitado su derecho a voto. La familia Espírito Santo ha sido expulsada de facto del banco que lleva su nombre. El Banco de Portugal ha tomado esta decisión tras conocerse las pérdidas de 3.577 millones de euros en el último semestre que dejan a la entidad lusa en una situación muy delicada: o encuentra una inyección de capital privado o se verá abocada a la intervención. En un comunicado emitido este jueves, el Banco de Portugal ha eliminado el derecho a voto de la familia Espírito Santo que, a través de su grupo ESFG, aún ostenta el 20,1% de las acciones de la entidad. La decisión se reflejó rápidamente en los mercados financieros: las acciones del grupo llegaron a caer hasta un 51% (aunque luego se moderaron al 42%) y las Bolsas europeas reaccionaron con pérdidas.

El gobernador Carlos Costa también ha decidido “suspender, con efectos inmediatos, a los miembros de los órganos de administración con responsabilidades en auditoría, y gestión de riesgos así como a los titulares de los órganos de fiscalización”. Esta suspensión afecta a los actuales administradores Rui Silveira, António Souto y Joaquim Goes, que tutelaban esas áreas. De momento, serán sustituidos por personas en funciones hasta que los accionistas propongan a nuevos gestores en la próxima junta general.

El supervisor también ha decidido designar una comisión de fiscalización compuesta por personal de PriceWaterhouseCoopers (PwC) hasta que los accionistas promuevan una sustitución de los miembros de la comisión de auditoría.

La intervención del Banco de Portugal en el corazón ejecutivo del Banco Espírito Santo es, se llame como se llame, una intervención del Estado, a la vista de las pérdidas del banco y a los indicios de irregularidades en las cuentas semestrales.

La acción llegó a caer un 51%, el mayor descenso en la historia de la bolsa de Lisboa

También solicita al actual administrador, Vítor Bento, que presente cuanto antes un plan de ampliación del capital ya que su actual ratio de solvencia es del 5%, por debajo del mínimo que aconsejan las autoridades europeas, que es del 9%. Tras la ampliación de capital el 16 de junio, el BES informó de que su ratio era del 10,3%.

En principio, se especula con una ampliación en torno a los 3.000 millones. La pretensión de Bento es que sea enteramente privada, pero según algunos analistas financieros eso va a ser muy difícil. Merrion Stockbroker descarta la opción “completamente privada”, mientras que Credit Sight apuesta por que la ampliación de capital llegue a los 4.000 millones.

También se apunta a una opción intermedia que pasaría por echar mano de los 6.000 millones de euros que la troika dejó para el plan de estabilización de la banca. Esa podría ser la solución más rápida. En ese caso sería la tercera nacionalización de un banco después de BCP y de Banif.

Posteriormente podría entrar el capital privado porque de momento es arriesgado sin saber si los nuevos administradores que solo llevan 15 días en el banco ya han sacado todos los fantasmas de los armarios o aun quedan. Lo lógico es pensar que se sigan encontrando sorpresas los nuevos administradores, los auditores del banco central y los auditores de PwC. Cuando se sepa claramente a que se enfrentan los inversores, el capital privado se atreverá a entrar en el BES.

El banco central no descarta que una vez finalizada la auditoría en curso se puedan derivar indicios delictivos de miembros del antiguo Consejo de Administración, principalmente contra sus dos principales directivos, Ricardo Salgado y Amílcar Morais Pires. Tanto el supervisor como Bento han señalado que serían llevados a los tribunales sus responsables si se confirmaban los actuales indicios.