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TRIBUNA

Crisis institucional y economía

Continuar funcionando como si el descontento no existiese o fuese pasajero sería un error histórico importante

En estos momentos en que la crisis económica comienza a amainar y se atisba una salida de la misma, en España tenemos que resolver dos asuntos institucionales que sin duda afectarán en el corto y medio plazo a la evolución de la economía española: la necesidad de reformar la Constitución española y la crisis del modelo territorial. En mi opinión, la resolución acertada o no de estos temas de naturaleza política e institucional influirá necesariamente en la confianza en España de los mercados financieros internacionales, que, como se ha comprobado en la crisis de deuda durante 2013 y 2014 a través de la llamada prima de riesgo, tienen la última palabra para hacer posible una recuperación económica sostenible y con creación de empleo.

Los indicadores económicos más recientes, con clara mejoría en el primer semestre del año, están provocando correcciones al alza de las previsiones macroeconómicas tanto de las instituciones oficiales como las privadas: el Gobierno elevó su previsión de crecimiento del PIB desde el 0,5% de los Presupuestos de 2014 hasta el 1,2%; el panel de analistas privados liderado por Funcas elevó la media de las previsiones del 0,9% al 1,1% con un máximo del 1,3%. Los resultados positivos de la contabilidad nacional del primer trimestre del PIB y del consumo, unidos a la mejoría de los indicadores durante los meses disponibles del segundo trimestre: en producción (IPI, consumo de electricidad), consumo e inversión (ventas en grandes almacenes, matriculaciones de turismos y de vehículos de carga, importaciones de equipo), así como los indicadores de confianza de los consumidores y de los empresarios, permiten pronosticar un crecimiento de la actividad durante 2014 que, aunque todavía moderado, cambiará la tendencia creciente del paro de los años anteriores. En los sondeos de opinión se observa que los industriales y comerciantes comienzan a decir que las cosas van algo mejor a la vez que algunos ciudadanos comienzan a encontrar empleo.

En cuanto a la política fiscal, ya se había reclamado una reforma fiscal en profundidad, pero lo que hasta ahora conocemos y no se plasmará en una ley hasta el próximo otoño son retoques como rebajas de tipos en el IRPF y en el impuesto de sociedades por parte del Estado, compensando las elevaciones realizadas al comienzo de la legislatura. Pero no se realiza una verdadera reforma fiscal que exija que todos los ciudadanos contribuyan según sus verdaderas rentas y evite como hasta ahora el aumento de las desigualdades. Tampoco entra a corregir las desigualdades territoriales, permitiendo el mantenimiento de diferencias en números de tramos y en tipos en el IRPF de las diversas comunidades autónomas.

Las últimas medidas monetarias tomadas por el BCE con rebaja del tipo de interés de referencia al 0,15% y la inyección de 400.000 millones de euros para comprar créditos del sector privado en los países de la eurozona deben conducir favorablemente a la concesión de créditos al sector privado, al crecimiento económico de los países de la UEM y a la moderación del tipo de cambio del euro frente al dólar, facilitando las exportaciones europeas hacia el exterior y ayudando, por tanto, al sostenimiento de las balanzas comerciales de dichos países. Sin duda todo esto influirá favorablemente en la evolución de la economía española, que, a pesar de haber entrado en una senda positiva de crecimiento, mantiene todavía la necesidad de seguir corrigiendo problemas como el elevado endeudamiento público y privado (familias y empresas) y contener el crecimiento del déficit de la balanza comercial que sin duda se producirá por el aumento de las importaciones necesarias al haber un mayor crecimiento de la actividad y el consumo.

Mientras no haya un crecimiento importante del empleo, será lento y difícil de corregir el aumento de la desigualdad provocada durante los años de crisis

A pesar de observar condiciones económicas más favorables que en años anteriores, mientras no haya un crecimiento importante del empleo, será lento y difícil de corregir el aumento de la desigualdad provocada durante los años de crisis, las dificultades económicas por las que están pasando muchas familias y, sobre todo, el sentimiento de descontento y discriminación de muchos jóvenes que, una vez terminada su formación, no encuentran trabajo.

La desconfianza surgida sobre las instituciones y los políticos actuales, derivada de la mala gestión de muchos y de la corrupción de algunos, unida al descontento de los ciudadanos provocado por la crisis padecida, ha provocado la aparición de organizaciones políticas que claman por cambios institucionales importantes. A veces, la referencia de los cambios es para el conjunto de España, y otras, como en el caso de Cataluña y el País Vasco, es de carácter territorial. Estos cambios tienen en común la necesidad de reformar la Constitución española. Pero no hay que alarmarse por ello. La propia Constitución española prevé cómo debe hacerse una reforma, y es bastante racional que una Constitución que fue posible gracias a la voluntad de todos los responsables políticos de entonces, cediendo unos y otros con la finalidad común de alcanzar la democracia, transcurridos más de 35 años, deba adecuarse a los cambios necesarios para volver a contar con la aprobación de una mayoría de la población española.

En mi opinión, la reforma de la Constitución tardará más o menos, pero será inevitable. Desde el punto de vista institucional, lo más importante es regenerar la democracia en las instituciones y los tribunales, que deberían desligarse de los intereses partidistas y funcionar con verdadera independencia. Con ello se fortalecería también el control que los reguladores (Banco de España y CNMV) deben ejercer sobre el sector público y privado y otros órganos de control (Tribunal de Cuentas) sobre los órganos políticos. También debería revisarse el tema de los aforamientos excesivamente amplios en la estructura política actual y excesivamente extensos en lo referente a las actividades privadas de los políticos.

En la futura reforma de la Constitución, probablemente no pueda evitarse la discusión sobre el modelo del Estado y en todo caso debería aprovecharse para revisar el modelo territorial, llegando a soluciones que permitan la convivencia pacífica y justa de todos los territorios. El tema es difícil y delicado. Son muchos los aspectos que se deberían discutir y consensuar previamente, y probablemente llevará algunos años acordarlos. Pero negar ahora esta necesidad y continuar funcionando como si el descontento no existiese o fuese pasajero sería un error histórico importante. Pero, sobre todo, los mercados que aprobaron y favorecieron a la economía española al considerar la transición española como algo ejemplar y han vuelto a dar su confianza tras momentos críticos en 2013 estarán observando la resolución de estos nuevos cambios institucionales y políticos, favoreciendo o castigando a la economía española.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del INE.