El gas esquisto se abre paso en España

Las compañías de hidrocarburos no convencionales de EE UU buscan repetir su gesta en Europa tras protagonizar en su país la mayor revolución energética de las últimas décadas, la del gas de esquisto (shale gas, en inglés). Dentro de sus planes entra España, que se presenta como uno de los potenciales productores del continente dadas las reservas que se sospecha que el país posee. Según un estudio de Gessal, que evaluó el potencial de los llamados “recursos prospectivos” no convencionales, España alberga en torno a los 2.000 billones de metros cúbicos, una cifra similar al consumo actual de gas durante 70 años. Claro que estas cifras, advierten los expertos, son estimaciones. “Para que se conviertan paulatinamente en reservas probadas”, explica Margarita Hernando, secretaria general de ACIEP (la asociación de estas empresas), “hace falta empezar las perforaciones y comprobar la existencia de estos recursos”.

A juzgar por la avalancha de empresas que están llegando a España, el sector concede mucha fiabilidad a estas prospecciones. “Aunque fuera solo la mitad de la mitad de lo que se estima”, asegura Juan Carlos Muñoz, portavoz de Shale Gas España, una plataforma de promoción de la industria, “ya sería una oportunidad histórica para España”. De momento, el Ministerio de Industria ha concedido unos 70 permisos de exploración, la mayor parte para el gas de esquisto. Otras 56 licencias están en cola de espera. Este flujo de solicitudes, que se inició hace cuatro o cinco años, se ha acelerado en 2013. Entre las 10 o 12 empresas más activas hay firmas españolas como Repsol, Cepsa o Hidrocarburos de Euskadi (EVE), grupos norteamericanos como BNK y Heyco Energy, las británicas Spectrum Geo y Cairn Energy o la irlandesa San Leon, la mayor empresa de Europa en su sector.

Para España, el principal interés del gas de esquisto sería el de reducir la factura petrolera. Pablo Royo, autor del informe de Deloitte sobre “el impacto de la exploración de hidrocarburos en España”, explica que “el efecto de la explotación mediante fracking [técnica de fracturación hidráulica para extraer gas y petróleo del subsuelo] sobre la balanza comercial sería de unos 40.000 millones de euros al año en 2040”. El impacto positivo sobre el PIB tampoco sería despreciable. “Empezaríamos con un impacto probable (aunque optimista) del 0,2% sobre el PIB en 2020 para subir al 1% en 2030 y al 4% en 2040”. A escala micro, el principal beneficio sería para las zonas afectadas, o beneficiadas, según se mire, especialmente autonomías y municipios. Aparte de poder cobrar una retribución de las compañías, “los ayuntamientos”, apunta Hernando, “obtendrán ingresos también por las licencias de obras y los terrenos”.

Los particulares que, al contrario de EE UU, no tienen en Europa derecho sobre su subsuelo podrían vender sus terrenos (o parte de ellos) a las compañías productoras. “Estamos llegando a acuerdos con propietarios de terrenos en Burgos”, asegura Juan Carlos Muñoz, que es también director general corporativo de BNK España, “para adquirirles, si quieren, sus terrenos”. Hernando, de ACIEP, apunta además “que la ley prevé que se indemnice a los propietarios por los perjuicios que se les cause durante la fase de prospección y producción”. El shale gas originará fuertes inversiones, dinero que irá a parar a los trabajadores, pero también a proveedores de servicios y empresas auxiliares locales, la mayor parte pymes.

Lo más interesante, según explica la directiva de ACIEP, es que “ello supondría una gran contribución a las economías locales, empresas de construcción, hostelería, transporte, especialmente durante la fase de explotación”. Muñoz considera a su vez que el despliegue del gas de esquisto es “una oportunidad para que las empresas españolas adquieran conocimiento y desarrollen una base industrial que puedan exportar fuera, ya que este es un sector que va a crecer en todo el mundo”. “Nuestra ventaja”, dice Muñoz, “es que ya vamos a funcionar con toda la experiencia adquirida en EE UU, donde llevan décadas probando con las tecnologías de fracking”. Luego está el tema del empleo. Royo, de Deloitte, explica que “entre 2030 y 2035, el sector prevé crear en España unos 15.000 empleos directos y hasta 200.000 indirectos”.

Esto explica que muchos sindicatos y asociaciones profesionales, desde ingenieros de minas hasta geólogos, estén apoyando la implantación del fracking en España. Julio Barea, experto en fracking de Greenpeace España, reconoce que “las federaciones de industria de UGT y CC OO se han manifestado a favor”. No obstante, la técnica también ha hallado una fuerte oposición. “Cuatro comunidades”, explica Barea, “Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña, han aprobado leyes autonómicas prohibiendo el fracking”. Cantabria le ha retirado incluso el permiso de investigación a BNK, que le había sido concedido en 2009. Sin embargo, estas medidas no han enfriado el interés de las firmas de gas esquisto por España.

El sector no está alarmado por los focos de oposición básicamente porque la tendencia dominante en la UE, incluso en las directivas de Bruselas, es la de impulsar el fracking. “Y muchas autonomías son favorables”, apunta Margarita Hernando, “como es el caso del País Vasco o Castilla y León”. Estas dos regiones son parte de la llamada Cuenca Vasco Cantábrica, que concentra más de la mitad de los probables recursos de gas esquisto en España.

De hecho, España es ya el tercer país de Europa en número de permisos concedidos, solo por detrás de Polonia (el pionero y con 60 pozos ya perforados) y de Reino Unido. Muñoz dice que “para el Gobierno británico de David Cameron, el gas esquisto es estratégico”. ¿Y para el Gobierno español? “Está claramente a favor”, responde, “pero es necesario que se involucre más y cambie leyes y procedimientos para que lleguemos a la fase de exploración más rápida”.