Magdalena Álvarez informa al BEI de que no ve motivos para dimitir

El Gobierno de Rajoy informó el pasado miércoles al consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que Magdalena Álvarez debe abandonar la entidad, iniciativa que fue rechazada por la vicepresidenta. La propuesta será sometida a votación en la reunión del consejo de administración del 22 de julio en Bruselas, antes de que se pronuncie el consejo de gobernadores de la institución, en la que participa el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Según un comunicado del BEI “a petición de miembros del consejo de administración ha tenido lugar una discusión de procedimiento sobre los riesgos de reputación relacionados con las alegaciones contra la vicepresidenta Álvarez. Una nueva discusión sobre la sustancia de cualquier riesgo para la reputación se podría debatir posiblemente en julio en Luxemburgo”.

El Gobierno español solicitó el debate de este asunto solamente a efectos informativos en el consejo del pasado miércoles. En una carta enviada por la vocal en el consejo, Clara Crespo, se pidió, el pasado jueves 29 de mayo, una reunión a puerta cerrada en la que no debían participar algunos miembros del consejo de dirección, entre ellos Magdalena Álvarez. El representante alterno en el BEI, Lucinio Muñoz, jefe del gabinete técnico del secretario del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, hizo una exposición según la cual España cree que Álvarez debe abandonar su puesto al ser imputada en el caso de corrupción de los ERE en Andalucía y suponer ello un “riesgo reputacional” para el BEI.

Aunque España pidió al banco una reunión a puerta cerrada, Magdalena Álvarez consiguió que la institución autorizara su participación en la reunión tras la exposición de motivos de Lucinio Muñoz al solo efecto de explicar su posición. Por tanto, no pudo responder, según fuentes jurídicas, responder a los argumentos oficiales.

Según los estatutos del BEI para destituir a un miembro del consejo de dirección se requiere una mayoría cualificada de 2/3 del número de países (18 sobre 28) y una mayoría de 2/3 del capital. La votación se somete al consejo de administración primero y al consejo de gobernadores después.

Fuentes consultadas dijeron que Álvarez leyó un texto en el cual describió su situación procesal y su impresión de que ésta no supone un riesgo reputacional para el BEI ya que no ha sido, hasta el momento, acusada de un delito, sino citada a declarar en calidad de imputada.

La sección séptima de la Audiencia de Sevilla, al confirmar el auto por la juez Mercedes Alaya la citaba a prestar declaración, decía que la resolución de la magistrada no era un auto de imputación. “Basta que no se pueda excluir el carácter delictivo” para pedir su declaración como imputada, aunque “no alcanza el grado de incriminatorio de inculpación que tiene un auto formalizado de procesamiento o resolución similar”, señala el auto del 6 de mayo de 2014.

Álvarez dice que no está acusada de un delito, sino que solo está imputada

La defensa de Álvarez sostiene que, además, el Gobierno de Rajoy tiene una conducta dual. El presidente del Gobierno declaró el 21 de marzo que “en estos momentos hay una imputación que en absoluto supone una declaración de culpabilidad. Por tanto, mientras no se demuestre lo contrario todas las personas son inocentes”. Por otra parte, las modificaciones legales introducidas por el Ministerio que dirige Luis de Guindos sostienen exactamente lo contrario de la postura expresada el pasado miércoles en Roma.

El Real Decreto 256 / 2013, que aplica a las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea señala en su artículo 2, que “no se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero o asimilado sea objeto de investigaciones” en el ámbito penal o administrativo.

Esta contradicción ha sido apuntada en fuentes europeas. El influyente diario digital Eurointelligence, que dirige el periodista Wolfgang Munchau. “La doble vara entre los asuntos internos e internacionales es evidente cuando se considera que este es un gobierno que relajó, en enero de 2013, sustancialmente sus requerimientos legales para la honorabilidad de los banqueros para permitir a aquellos bajo investigación penal mantenerse en sus puestos”.