Tejerina se plantea postergar la convocatoria de las elecciones agrarias

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, someterá a debate con las organizaciones agrarias la iniciativa del Gobierno del PP de celebrar una consulta electoral en el sector agrario para conocer la representatividad de cada una de las siglas. Serían los primeros comicios estatales en 35 años y su formato es tan discutido que Tejerina quiere analizar el proceso en el seno del Comité Asesor Agrario y decidir sobre la conveniencia de su celebración o aplazar las mismas a la siguiente legislatura.

Actualmente, en lo que respecta al conjunto de España, las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG están reconocidas para la interlocución con el Ejecutivo y la negociación de las ayudas públicas, mientras que se halla fuera la Unión de Uniones, que nació de una escisión de COAG. Las elecciones se cimientan en una propuesta de ley que se halla en este momento en su última fase de tramitación en el Parlamento y fue criticada desde un primer momento por las organizaciones agrarias UPA y COAG, tanto por razones de forma como de fondo.

Ninguna de estas dos organizaciones se opone abiertamente, pero no consideran necesario ese proceso y critican que el mismo se lleve a cabo como una consulta, en lugar de sobre la base de una ley electoral. En esta línea, plantearon la necesidad de negociar, en primer lugar, para definir la constitución del censo. La iniciativa no ha sido rechazada desde ASAJA, aunque por parte de organizaciones provinciales se considera no es el momento para dedicar tiempo y dinero para su celebración. En las enmiendas introducidas finalmente en el Senado por el propio grupo popular se contempla la posibilidad de elaborar el reglamento para la aplicación de la ley en un plazo de 18 meses por lo que su celebración en esta legislatura dependería solo de una decisión política.

La ley, a punto de aprobarse en el Parlamento, prevé la presencia de una urna por cada 500 censados. Se considerará sigla representativa a efectos de interlocución, disponer de ayudas y participar en la asignación temporal del patrimonio de las viejas Cámaras Agrarias, a quienes obtengan un mínimo del 15% de los votos emitidos a nivel estatal y un 5% en seis comunidades autónomas.

Según el proyecto del Gobierno, además de los afiliados a la Seguridad Social como trabajadores agrarios por cuenta propia, podrán votar quienes perciban pagos por encima de los 3.000 euros o que, de todos sus ingresos, un 25% proceda de actividad agraria.