Los socios europeos aplazan la entrada en vigor de la tasa Tobin a 2016

El sector bancario europeo paga a Hacienda 18.000 millones de euros anuales menos de lo que pagaría si su actividad fuera cualquier otra, según los datos de Bruselas. En España, los tipos impositivos efectivos de la gran banca suelen ser inferiores al 10%. El sistema financiero fue el principal causante de la Gran Recesión, y ha recibido miles y miles de millones en ayudas públicas desde 2008. Por esos y otros motivos, varios Gobiernos continentales llevan años persiguiendo que la banca pague más al fisco: a tres semanas de las elecciones del 25-M, una decena de países —muchos de ellos, como Alemania y España, con partidos conservadores al mando— lograron ponerle el cascabel al gato y suscribieron este martes un acuerdo político para aplicar un euroimpuesto sobre las transacciones financieras (heredero de la archifamosa tasa Tobin) a partir de 2016.

Esa tasa llega con retraso respecto a los planes iniciales; sus impulsores pensaban que era posible aplicarla desde 2015. Y se enfrenta a un redoble de tambores en los países que siempre se oponen a este tipo de aventuras. Suecia y Reino Unido —siempre al quite para proteger su City— alzaron este martes la voz entre los países contrarios a la tasa, así como el pseudoparaíso fiscal de Luxemburgo. A pesar del bronco debate en el Ecofin (la reunión de ministros de la UE), Francia y Alemania lideraron, junto con España e Italia, al grupo de países que piensa seguir adelante con el plan.

En sus últimos meses de vida, el economista James Tobin se horrorizaba de lo que hacían en su nombre los movimientos antiglobalización, que exigían una tasa sobre las finanzas como la diseñada por Tobin en los setenta para frenar la especulación. Eran los días de las barricadas en Seattle por los excesos de los mercados, un lustro antes de que esos mismos excesos les costaran a los contribuyentes más de medio billón de euros, y eso solo en Europa. A pesar de todo, Tobin nunca renegó de su idea, aunque durante 40 años nadie se atrevió a aplicarla por temor a una huida de capitales en el país que la implantara, por la dificultad para diseñar la tasa, por alguna experiencia fallida o simplemente por ideología. Los tiempos están cambiando: Reino Unido anunció recursos judiciales y sacó las trompetas de Jericó para alertar de que esa figura “dañará la economía, el crecimiento y el empleo” de esos 10 países, y puede que del resto de la UE, según su ministro George Osborne. A la tasa le esperan aún varias zancadillas: la Comisión puso en marcha la semilla del proyecto en 2011, que recibió un sonoro revés por parte de los servicios jurídicos del Consejo Europeo, jaleados por algún ministro de Finanzas que apoyaba la tasa Tobin en público y jaleaba en privado esa opinión negativa del Consejo.

El pacto es todavía poco más que un espaldarazo político con un mínimo denominador común: se gravarán primero las acciones y los derivados sobre acciones, y a partir de ahí se irán dando pasos graduales para reducir al mínimo sus efectos distorsionadores. De la lista inicial de 11 países que la aplicarán se cae finalmente Eslovenia, en medio de una grave crisis política. Los 10 restantes (Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, Austria, Portugal, Grecia, Eslovaquia y Estonia) prevén que en adelante se sumen otros socios. Italia la aplica ya desde septiembre del año pasado, y Francia tiene un tributo similar. Pero incluso en el frente antitasa hay voces discordantes: lord Adair Turner, expresidente de la Autoridad de Servicios Financieros, abogaba en 2009 por aplicar en su país un impuesto a la banca, algo que desde que arrancó la crisis estudian Gobiernos de todo el mundo y de todos los colores políticos, desde Australia a Japón.