Francia sacrifica el gasto social

Presionado por Bruselas y por Berlín para cumplir con los plazos de reducción del déficit, el flamante primer ministro francés, Manuel Valls, anunció este miércoles algunas de las polémicas medidas con las que el Gobierno de François Hollande pretende ahorrar 50.000 millones de euros en tres años. El Ejecutivo francés, que validará el plan de ajuste de la legislatura en Consejo de Ministros la próxima semana, culmina así un giro radical en su política para atajar el déficit público. Si Hollande optó en 2012 por subir impuestos y salvaguardar el gasto social, ahora el sistema de protección y la sanidad concentran el 40% de los recortes previstos.

El Gobierno de Hollande extenderá la congelación del sueldo de los funcionarios, estancado desde 2010, y tampoco revalorizará pensiones y prestaciones, una medida que adopta por primera vez. De la sanidad saldrá un ahorro de 10.000 millones, mientras que la gestión del sistema social aportará otros 11.000. El Estado asumirá un recorte de 18.000 millones —se incluye aquí el impacto de no subir el sueldo a los empleados públicos—, mientras que los 11.000 millones restantes de ajuste se adjudican a las corporaciones locales. Unas medidas que suscitaron el rechazo inmediato del ala izquierda de los socialistas y de los principales sindicatos.

“Le debemos la verdad a los franceses, no es Europa la que nos impone sus elecciones, pero nuestro gasto público supone el 57% del PIB”, recordó el primer ministro, que atento a los símbolos —y a su perfil de político decidido—, sustituyó al portavoz del Gobierno en la habitual conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, algo inédito en la historia de la V República. “No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades y debemos romper esa lógica de la deuda que nos tiene atados de manos”, insistió. Valls no dudó en considerar prioritaria la austeridad en nombre de una mayor “soberanía”, un mensaje muy incómodo para los socialistas con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina.

Francia cerró 2013 con un desfase entre ingresos y gastos públicos equivalente al 4,3% del PIB, dos décimas por encima de lo previsto, mientras la deuda pública escaló al 93% del PIB, casi el doble que una década atrás. A Bruselas no le preocupa tanto estas cifras —en los llamados países periféricos, como España, la situación es mucho peor—, como las escasas perspectivas de crecimiento de la segunda economía del euro, que la Comisión Europea achaca a la falta de reformas y el exceso de protagonismo económico del Estado.

El nuevo énfasis en el recorte del gasto público lleva al Gobierno de Hollande a traspasar una nueva frontera, al congelar pensiones y prestaciones sociales. “En este contexto excepcional, no se revalorizarán hasta octubre de 2015”, aclaró Valls. La medida se aplicará al régimen de pensiones básico, a excepción de las más modestas, y podría ampliarse a las complementarias. Sumada a la congelación del resto de las prestaciones, de las que quedan excluidas las mínimas como la ayuda a las personas sin recursos, supondrá un ahorro de entre 2.000 y 4.000 millones de euros. Estas se superponen a las reformas ya decididas, como el retraso de la edad de jubilación.

“Vivimos por encima de nuestras posibilidades”, argumenta Valls

En el recorte adjudicado al Estado, destaca la ampliación de la congelación del salario de los funcionarios, una medida que el Gobierno sopesa alargar hasta 2017, según fuentes oficiales citadas por las agencias de información francesas. Junto a ello y además de una reducción de los gastos inmobiliarios, se reducirá el número de empleados en ministerios, salvo en Educación, Seguridad y Justicia. Las agencias públicas estatales, a excepción de las oficinas de desempleo y las universidades, deberán reducir igualmente sus gastos de funcionamiento. El Ejecutivo mantiene, sin embargo, su compromiso en creación de empleos en la educación nacional.

Valls no precisó de donde saldrá parte del ahorro previsto en el sistema de protección social y fue poco preciso al referirse a los recortes en el ámbito sanitario. El primer ministro solo evocó el seguimiento de medidas ya en marcha, como potenciar los medicamentos genéricos y una mayor eficiencia del sistema, como la promoción de la cirugía ambulatoria, que permite el alta hospitalaria el mismo día de la operación.

Buena parte del ahorro se destinará a financiar el Pacto de Solidaridad anunciado por Hollande, por el que el Ejecutivo francés reducirá las cotizaciones sociales a las empresas para facilitar que generen más empleo. Valls recalcó que en junio se adoptará “una medida fiscal para los contribuyentes más modestos”. Y descartó reducir el salario mínimo para los jóvenes y las personas en el paro, una propuesta del presidente de la patronal, Pierre Gattaz.