El juez amplía hasta el 29 de abril el plazo de adhesiones al convenio de Pescanova

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha dictado este lunes una providencia que acuerda ampliar el plazo (que vencía este martes) para adherirse al convenio de acreedores de Pescanova hasta el 29 de abril, según ha informado la empresa en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El juez advierte en su providencia también advierte de que este nuevo plazo es "absolutamente improrrogable", y que no serán "siquiera atendidas" eventuales nuevas solicitudes en el mismo sentido.

El juez Roberto de la Cruz señala en su providencia que "el plazo concedido puede dificultar la formación de voluntad y la correcta emisión del voto --en el sentido que sea-- por parte de todos los acreedores", según Europa Press. Así, ese plazo se ha prorrogado hasta el 29 de abril de 2014 (los escritos que se hayan presentado en ese plazo podrán verificarse hasta las 15.00 horas del día siguiente). Para salir adelante, el convenio debería estar apoyado por el equivalente al 51% de los acreedores.

En cualquier caso, el magistrado advierte de que el plazo se amplía "en exclusiva atención a facilitar a los acreedores la posibilidad de decidir y emitir su voto sobre la única propuesta de convenio admitida a trámite". A ese respecto, el titular de la sala mercantil número 1 de Pontevedra ha subrayado que precisamente el hecho de que solo se haya admitido a trámite una propuesta supone la "terminante invariabilidad de esta".

Una negociación atascada

Los problemas de Pescanova estallaron en febrero de 2013, cuando la empresa reconoció problemas en su contabilidad. En abril de ese año la compañía entró en concurso de acreedores y actualmente la mayor parte de su antigua cúpula está imputada, entre ellos, el antiguo presidente, Manuel Fernández de Sousa.

Pese a las turbulencias, la empresa gallega ha seguido funcionando este año mientras los administradores concursales y el nuevo consejo de administración buscaban una salida a su abultada deuda. El juez admitió a trámite el pasado 20 de marzo una propuesta de convenio, la única que finalmente se presentó de forma oficial pese a que se esperaban varios planes. Ese proyecto, avalado por la actual cúpula de la compañía, está encabezado por la cervecera Damm y el fondo Luxempart, que controlarían, junto a la banca acreedora de la compañía. Pero desde entonces y hasta ahora aún no se ha podido alcanzar ningún acuerdo entre las entidades atrapadas y Damm.

La brecha entre la banca y el consorcio de Damm reside en la quita de deuda. La banca considera que se le exige renunciar a demasiado pasivo, ya que, de los cerca de 3.000 millones que les adeuda la empresa solo recuperarían cerca de 700 millones. Ante la dificultad para llegar a un pacto, que llevaría a la empresa a la liquidación, la banca tiene preparado un plan de rescate, ya presentado ante los administradores, para cuando la compañía vaya a subasta. La propuesta de la banca acreedora pasaría por una inyección de capital de 115 millones de euros y la capitalización de unos 2.000 millones de euros de deuda, lo que supondría una quita inferior al 70%.