La huelga general en Paraguay pondrá a prueba al Gobierno de Horacio Cartes

La huelga general prevista para el próximo miércoles en Paraguay, la primera de este tipo en dos décadas, supone una prueba para el Gobierno del presidente Horacio Cartes, en particular su plan de atraer inversión privada para los servicios públicos.

Las últimas grandes movilizaciones en el país tuvieron lugar en 2002 y 2005, contra proyectos de privatizaciones, y fueron protagonizadas principalmente por campesinos, según Ramón Fogel, profesor de sociología en la Universidad Nacional de Asunción.

Ese es también el motivo principal detrás de la actual huelga, pues sindicatos y grupos de izquierda consideran como "una privatización disfrazada" la ley de alianzas público-privadas, la principal propuesta económica de Cartes.

Con ella, su Gobierno quiere atraer capital externo para la construcción de infraestructuras a cambio de otorgar a las empresas la concesión para su gestión y el cobro de tarifas por su uso.

En la lista de obras prioritarias del Gobierno bajo esa modalidad está la ampliación de carreteras, hidrovías y el aeropuerto de Asunción.

La huelga general, la primera desde 1994, llega paradójicamente en un momento de alto crecimiento en Paraguay, cuya economía se expandió en 2013 un 13% y este año avanzará un 4,8%, según los pronósticos oficiales.

No obstante, esas cifras están impulsadas principalmente por el buen desempeño del sector agropecuario exportador, que está dominado por un puñado de grandes latifundistas con alto nivel de mecanización, por lo que sus efectos sobre la economía general son reducidos.

Antonio Pecci, un periodista y autor de varios libros, considera que existe "un caldo de cultivo" de descontento en país.

En los últimos meses han ocurrido numerosas marchas y protestas, primero contra la corrupción y el nepotismo, especialmente en el Congreso, y posteriormente contra el aumento del valor del transporte público.

Como ocurriera en Brasil en 2013, el alza del pasaje ha galvanizado en particular a los jóvenes, que se niegan a pagar más por un servicio muy deficiente, en autobuses anticuados, que circulan con la puerta abierta y conducidos a menudo con una temeridad peligrosa.

La tarifa subió en enero un 20%, hasta los 2.400 guaraníes (unos 0,53 dólares), aunque la alcaldía Asunción dio marcha atrás tras las protestas en las líneas que sólo circulan en la ciudad.

Los sindicatos también piden un incremento adicional del 15% en el salario mínimo, aunque es una reivindicación con un impacto más reducido sobre el bolsillo de los ciudadanos, ya que una gran parte está empleado en el sector informal, donde el trabajo no se rige por las leyes laborales.

La huelga coincide con la tradicional marcha anual de las organizaciones campesinas, que convergerán en Asunción con su propia agenda de demandas, como la reforma agraria en un país con uno de los mayores niveles de desigualdad en la propiedad de la tierra del mundo.

También protestan contra la detención de labriegos por la policía durante protestas contra las fumigaciones en los sojales, que según ellos no cumplen las normas ambientales y perjudican a sus cultivos.

El Gobierno ha intentado restar fuerza a la movilización. En febrero aprobó una subida del 10% del salario mínimo, hasta los 1,82 millones de guaraníes al mes (405 dólares).

Asimismo, en los últimos días los líderes del Partido Colorado, al que pertenece Cartes, han conseguido que algunos sindicatos de funcionarios públicos no se adhieran a la huelga.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha divulgado una grabación que a su juicio prueba la existencia de un plan para provocar actos de violencia el miércoles.

Los sindicatos han defendido sus intenciones pacíficas y han aseverado que el Gobierno lleva a cabo una campaña para infundir miedo y desmotivar la participación.

Además de para el Ejecutivo, la protesta también será una prueba de fortaleza para la izquierda paraguaya, después de que el movimiento obrero, que está muy fragmentado, lograra unirse bajo la bandera común de la huelga.

El nivel de seguimiento de la movilización determinará si se trata de un hecho puntual o la continuación de un período de mayor activismo en las calles, que en los últimos meses ha demostrado que es capaz de ejercer cierta influencia en las decisiones en el Congreso y el Ejecutivo.