Minera canadiense demanda a Costa Rica por 94 millones de dólares

La empresa minera canadiense Infinito Gold anunció hoy que ha presentado una demanda por valor de 94 millones de dólares contra Costa Rica, tras la cancelación de un proyecto de minería de oro a cielo abierto en el norte del país.

La empresa informó en un comunicado de que la demanda fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano adscrito al Banco Mundial, con el fin de lograr una indemnización por las inversiones realizadas.

"Como fundamento de la demanda se encuentran una serie de violaciones al acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de Costa Rica para la Promoción y Protección de Inversiones", explicó la firma canadiense.

El año pasado Infinito Gold anunció que demandaría a Costa Rica por valor de 1.092 millones de dólares, de los que 92 millones correspondían a inversiones realizadas y 1.000 millones por las ganancias que dejaría de percibir.

Sin embargo, la demanda que hace pública hoy la minera canadiense es solo por 94 millones de dólares invertidos desde 1993 en el proyecto llamado Las Crucitas.

La empresa aseguró que no dará más detalles sobre esta demanda al tratarse de un proceso privado y que, durante el arbitraje, las partes tienen la posibilidad de llegar a una solución amistosa.

El ministro costarricense de Comunicación, Carlos Roverssi, dijo hoy a Efe que el Gobierno esperaba esta demanda y recalcó que en Costa Rica ya hay una resolución judicial que detuvo el proyecto minero.

"Hay una sentencia judicial en Costa Rica y más no se puede hacer hasta que el caso se resuelva en la vía que plantea la empresa", afirmó Roverssi.

Roverssi recordó que este caso inició con el gobierno del expresidente Óscar Arias (2006-2010), que dio los permisos a la minera canadiense que luego fueron cancelados por los tribunales al encontrar irregularidades.

El Tribunal Contencioso Administrativo declaró nulas en 2010 las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) en las que se otorgaban la viabilidad ambiental y la concesión minera y se aprobaba modificar el proyecto y el uso del suelo.

La Sala I (casación) de la Corte Suprema de Justicia declaró en 2011 sin lugar una serie de apelaciones de la minera y la Sala Constitucional rechazó otra serie de acciones presentadas por la firma.

La Fiscalía también investiga el caso por presuntas ilegalidades en los permisos otorgados a la minera.

La firma, que esperaba conseguir al menos 19,8 toneladas de oro en los 10 años previstos en la concesión, inició las obras de la mina pero no pudo finalizarlas ni extraer oro.

Grupos ecologistas denunciaron durante años ante los tribunales las irregularidades en la concesión del permisos y los riesgos para el medio ambiente que, a su juicio, suponía el proyecto.