Picaresca en la certificación

La obligatoriedad de contar con un certificado energético para vender o alquilar una vivienda ha destapado una bolsa de negocio por explotar que ha degenerado en una guerra de precios al mejor postor y en una picaresca creciente. La primera salta a simple vista con una sencilla búsqueda en Internet: hay webs que ofrecen certificados en Madrid a 45 euros más IVA. Incluso la propia organización de consumidores OCU anunciaba en octubre que "si solo quieres cumplir el expediente, un certificado telemático es suficiente. Los hay por 35 euros". La segunda es una realidad para los expertos en el sector. "El nivel de engaño va desde técnicos que hacen chanchullos para vender más hasta particulares o inmobiliarias que cambian con Photoshop la letra. Es una mezcla de ignorancia y osadía", asegura Pilar Pereda, secretaria general del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

"La picaresca no conoce límites", corrobora Ángel Ignacio Mateo, secretario del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. "Hay profesionales que realizan certificados a distancia sin visitar la vivienda, y lo que es peor, sin tener seguro de responsabilidad civil, y propietarios que publicitan la venta de su inmueble sin exhibir la requerida etiqueta energética". La paradoja es que, por el precio irrisorio de una certificación, los técnicos se enfrentan a sanciones severas en caso de cometer fraude.

Y las multas ya están empezando a llegar. Madrid puso la primera el pasado diciembre, siete meses después de la entrada en vigor del decreto ley que regula el certificado. Y lo hizo con mano firme: 4.000 euros por una infracción muy grave: el técnico otorgó una A, la máxima calificación, a una casa que en realidad era de clase C —la más baja es una G—.

Desde junio, la Comunidad de Madrid ha recibido 115.850 certificados de edificios existentes, nuevos y en proyecto, y tiene abiertos 113 expedientes de control. Pero pocos dudan de que haya más casos flagrantes. "Otorgar una letra A no es un error, es muy complicado conseguirla", señala Gonzalo Cervera, director de Tinsa Certify. Máxime con el historial del parque residencial español: la mayoría de los edificios construidos desde finales de los sesenta y hasta la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación en 2006 carecen de sistemas de aislamiento y ahorro de energía. "Lo que nos lleva a que la tipología A-B-C suponga solo un 5% de los certificados", asegura Carlos Gómez, director general de NVR, especializada en rehabilitación de edificios y eficiencia energética. Se estima que puede haber unos 350.000 certificados registrados en España.

"Estoy seguro de que veremos más sanciones y espero que así sea, porque algunos intentamos hacer las cosas bien. Al principio, los registros autonómicos no tenían articulados los mecanismos para penalizar y ha sido un campo libre", ahonda Cervera. Sabe de lo que habla: llevan realizados 27.000 certificados y tienen otros 35.000 en gestión. La mayoría, pisos y locales de entidades financieras. "Antes era reacia a la inspección porque considero que somos profesionales, pero ahora veo que hacen falta de 10 o 12 multas más para que la gente comprenda que esto no es jauja", añade Pereda, del COAM. Sin embargo, ambos coinciden en que la dramática situación laboral tiene mucho que ver. "Si la gente no tuviera tanta necesidad, haría valer su trabajo. Nos llegan colegiados a los que les quieren pagar 30 euros por certificados que las empresas cobran a 50 euros", se lamenta Pereda.

En teoría, las tarifas establecidas en noviembre de 2013 para la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) deberían servir como referencia —184,34 euros sin IVA para inmuebles de hasta 80 metros cuadrados—, pero en la práctica no es así. "Con la guerra de precios todos salen perdiendo. Por un lado, el exceso de competencia, las plataformas de subastas y la situación económica están llevando a trabajar por precios más bajos de los esperados, lo que merma la calidad del certificado. Por otro, las entidades financieras y los grandes patrimonialistas tienen volumen para fijar el precio", señala José Luis Espinosa, director técnico de Certificación Energética de ASECENER y formador del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Además, las tasas aplicadas por la mayoría de comunidades —Madrid es de las pocas que no las cobra— más el IVA pueden llegar a duplicar lo cobrado por el técnico.

"El ciudadano desconoce que si se realiza un certificado único del edificio —necesario para acceder a ayudas de rehabilitación energética del IDAE—, el ahorro será considerable", asegura Mateo. Pero el coste no es el único problema. "Existe confusión en la Administración sobre quién puede realizar el certificado, disparidad de criterios entre comunidades. falta de información general y de experiencia de los técnicos", asegura Espinosa.

En general, la desinformación es la tónica dominante. De ahí que Pereda insista en el valor pedagógico de proyectos como el piloto del plan Madrid Renove: una rehabilitación integral energética de una torre de 11 plantas con una calificación E que podría llegar a ser una B. Mañana se conocerá el ganador de los 16 arquitectos del concurso de ideas.