Los desahucios se aceleran en la primera mitad de 2013 pese a las protestas sociales

La banca aceleró los desahucios en la primera mitad de 2013, según los datos que publicó ayer el Banco de España y que, por primera vez, proceden de un cómputo estricto de las ejecuciones lanzadas desde las entidades. El retrato del supervisor revela que 35.098 familias se quedaron sin casa entre enero y junio del pasado año al no poder pagar la hipoteca. A partir de estas cifras, el organismo que dirige Luis María Linde afirma que todo "apunta a un crecimiento en comparación con 2012" coincidiendo con el auge del movimiento social contra los desalojos y la remisión al Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago. Tampoco la pretendida consolidación del código de buenas prácticas del Ministerio de Economía tuvo éxito en su objetivo de atajar uno de los graves problemas que ha dejado la crisis tras de sí.

Del total de casas que pasaron a manos de la banca en este periodo, cuatro de cada cinco (28.170) correspondieron a la vivienda principal, según la estadística del Banco de España y que procede de anotaciones realizadas por las propias entidades. La cifra indica que en solo medio año se han superado más del 70% de las entregas de primera residencia de 2012. En cuanto a la situación del inmueble, la banca asegura que prácticamente todas -el 96%- estaban vacías en el momento del embargo.

Sobre las daciones en pago, el Banco de España suma 11.348 entregas de la vivienda a cambio de saldar la deuda, lo que equivale al 32,3% del total de desahucios. La cifra se sitúa por debajo del porcentaje del 35,7% de 2012, aunque aquellos datos se calcularon a partir de una encuesta, por lo que no son tan fiables como el balance publicado ayer.

A este respecto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) valoró que "la banca queda desenmascarada" con esta estadística. "El aumento de desahucios es significativo ya que coincide con el momento de mayor alarma social, las protestas en la calle, los suicidios y los escraches", afirmó la portavoz de este movimiento, Ada Colau. En su opinión, los datos también demuestran que, frente a lo que defendía la banca, las viviendas embargadas "ni eran segunda residencia ni eran de especuladores". "Ahora reconocen que afectaron a gente trabajadora que había invertido toda la vida en pagar su casa", criticó Colau antes de recordar que en febrero de 2013, mientras aumentaba el ritmo de desalojos, Javier Rodríguez Pellitero, portavoz de la patronal bancaria AEB, negaba en el Congreso que estuviesen echando a familias de sus casas.

Más vulnerable a la presión social, el Gobierno relajó a finales de 2012 los umbrales para acogerse al código de buenas prácticas de la banca. Pero los requisitos, sobre todo el que los inmuebles tuviesen una hipoteca de menos de 200.000 euros, siguió frenando su aplicación. Salvo en un dato: que en 2013 hay más entregas tras acuerdo con la entidad que forzadas por el juez.

En cualquier caso, lo que todavía no refleja la estadística es el eventual impacto de la reforma hipotecaria y que entró en vigor el pasado verano tras descafeinar la ILP. No obstante, Colau vaticina que su efecto será mínimo. "Cada vez hay más gente con problemas que contacta con nosotros, lo que es una señal de que el problema está lejos de desaparecer", asegura.