El BCE y la Eurocámara se alían contra Berlín en el sistema de cierre de bancos

Alemania domina con soltura las cumbres europeas, y ha sido capaz de fijar la agenda del gran proyecto de los próximos años, la unión bancaria, de acuerdo con sus intereses. Pero la Unión tiene otros resortes que Berlín no siempre puede controlar con mano de hierro. El ministro alemán Wolfgang Schäuble viajó el lunes pasado a Bruselas para amenazar a la Eurocámara si toca una sola coma del mecanismo de resolución bancaria, que incluye un fondo común por si hay que cerrar algún banco menos ambicioso de lo previsto cuando arrancaron las negociaciones. Pero el equipo negociador del Parlamento, decidido a peinar ese mecanismo a pesar del más que posible berrinche de Berlín, ha iniciado una ronda de contactos con la cúpula del BCE para asegurarse apoyos en esa batalla, clave para el proyecto europeo a medio plazo y también fundamental a corto, de cara a las elecciones. El pasado martes, uno de los consejeros del BCE se citó con varios miembros del Parlamento: ambas instituciones fijaron las bases de una posición conjunta para enmendar el mecanismo.

El Parlamento rechaza de plano el método: Alemania impulsó un acuerdo intergubernamental, para que sean las capitales quienes tengan la sartén por el mango. Pero más allá de la guerra de guerrillas institucional, la Eurocámara y el BCE están de acuerdo en que hay que modificar al menos dos cosas. Una: el proceso de toma de decisiones es demasiado complejo, y la idea de la pinza BCE-Parlamento es que el Eurobanco tenga más poder de decisión y rinda cuentas a la Cámara. Y dos: el mecanismo crea un fondo de resolución, pero durante un periodo de transición de 10 años no se tratará de un fondo común (apenas habrá mutualización), sino que estará dividido en compartimentos estanco nacionales; solo al final de esos 10 años habrá una resolución bancaria genuinamente europea. El BCE y la Eurocámara han acordado dar la batalla para reducir ese largo periodo de transición a cinco años, contra el criterio de Alemania, que ve esos cambios como una amenaza por la posibilidad de tener que rascarse el bolsillo antes de lo previsto.

El BCE criticó en su día con inusitada dureza las propuestas de Berlín, que al final se aprobaron sin apenas cambios. Pero tras el pacto en el Ecofin, el Eurobanco rebajó el tono y desde entonces ha mantenido perfil bajo, con la diplomacia por bandera, destacando las bondades de un acuerdo a todas luces cojo respecto a la ambición inicial. Mario Draghi y compañía se la juegan: necesitan un mecanismo creíble para ejercer como supervisor único con garantías, y la fórmula actual no se las ofrece. El Parlamento les puede servir como ariete: el consejero francés Benoit Coeure, que tras la retirada de Jörg Asmussen es uno de los hombres más fuertes de Fráncfort, dijo en público el jueves lo que el BCE había negociado el martes entre bambalinas en la Eurocámara: hay que reducir a cinco los años del periodo transitorio, hay que simplificar la toma de decisiones, y los cortafuegos deben ser más potentes. Mañana se abre una nueva ronda de reuniones, que en teoría debía ser la última. Pero las fuentes consultadas admiten que los plazos se alargan. La batalla, con amenazas incluidas, no ha hecho más que comenzar.