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MOTOR AUTOPISTAS PEAJE

Las expropiaciones se descontarán de la responsabilidad estatal en autopistas

El Gobierno ha reconocido hoy al Estado la posibilidad de minorar la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) en aquellos supuestos en los que el Estado se vea obligado a hacerse cargo del pago de las expropiaciones de las autopistas de peaje por el impago de la concesionaria en concurso. EFE/Archivo
El Gobierno ha reconocido hoy al Estado la posibilidad de minorar la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) en aquellos supuestos en los que el Estado se vea obligado a hacerse cargo del pago de las expropiaciones de las autopistas de peaje por el impago de la concesionaria en concurso. EFE/ArchivoEFE

El Gobierno ha reconocido hoy al Estado la posibilidad de minorar la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) en aquellos supuestos en los que el Estado se vea obligado a hacerse cargo del pago de las expropiaciones de las autopistas de peaje por el impago de la concesionaria en concurso.

Según ha indicado hoy la ministra de Fomento, Ana Pastor, en un comunicado, el objetivo de esta reforma es evitar que el Estado acabe asumiendo dos veces el pago de la expropiación en beneficio del concesionario.

De esta forma se impide que el Estado pague por un lado al expropiado cuando hay una resolución judicial que así lo fije y entregue al concesionario el importe de la responsabilidad patrimonial.

Por ello, se reconoce al Estado el derecho a subrogarse en el crédito del expropiado frente al concesionario, procediéndose a minorar el importe de la RPA con la parte del crédito no reembolsada por la sociedad concesionaria.

El nuevo régimen podrá aplicarse en cualquiera de las concesiones ya adjudicadas.

Normalmente, el pago de las expropiaciones para la construcción de una autopista estatal de peaje en régimen de concesión debía ser abonado por la sociedad concesionaria.

Sin embargo, algunas sentencias judiciales obligan al Estado a hacerse cargo de dichas deudas en caso de impago por la sociedad concesionaria declarada en concurso de acreedores.

"Cuando un tribunal diga que el Estado tiene que pagar la expropiación se descontará de la administración patrimonial de la administración", ha subrayado Pastor, quien ha argumentado que esto se hace para defender el interés público.

El sobrecoste de las expropiaciones, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y la existencia -en muchas ocasiones- de carreteras gratuitas que cubren el mismo trayecto, ha llevado a varias autopistas de peaje al concurso de acreedores.

Es el caso de las cuatro autopistas radiales de Madrid proyectadas durante el Gobierno de José María Aznar (R-2, R-3, R-4 y R-5), del Eje Aeropuerto; de la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); y la Cartagena (Murcia) y Vera (Almería).

Fomento negocia desde hace tiempo con constructoras, concesionarias y entidades financieras la creación de una entidad similar a la extinta Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

Inicialmente, el valor residual de estas concesiones estaba previsto que representase el 20 % del capital de la empresa, en tanto que el 80 % restante será controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa).

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