Fomento allana el camino al rescate de las radiales por la vía de la liquidación

El Gobierno anunció este viernes modificaciones en la ley que limitan el coste para las arcas públicas de la probable quiebra de las autopistas de peaje con problemas. La clave de la medida, que según resumió Fomento evita al Estado pagar dos veces por el suelo expropiado en las radiales, es que allana el camino para un rescate más económico de las concesionarias aunque sea a costa de dejar a la banca con las manos vacías.

Hasta ahora, el plan preferido por el Ministerio que dirige Ana Pastor era poner 480 millones para agrupar a las empresas que gestionan los peajes y sus deudas en una sociedad pública de nueva creación. Sin embargo, el riesgo de que Bruselas, que en estos momentos está analizando la propuesta, la rechace al ver ayudas de Estado en ella ha llevado a Fomento a plantear otras alternativas. En esta búsqueda es donde se inscribe la medida aprobada este viernes y que, en esencia, introduce la posibilidad de dejar caer a las concesionarias y asumir su liquidación, lo que en teoría era la salida más gravosa para los intereses públicos. Pero ya no es así.

Las expropiaciones que pague el Estado se restarán de las garantías a la banca

De rondón en un decreto ley sobre seguridad ferroviaria, el Gobierno modificó el régimen de compensación a los expropiados cuando hay litigios de justiprecio de por medio. Según la ley, es la concesionaria quien debe pagar los terrenos intervenidos para la construcción de la autopista. Pero, ¿qué ocurre cuándo el expropiado reclama más dinero y la empresa se declara insolvente? Pues que el juez tira del hilo y ordena al Estado, como dueño de la infraestructura, pagar al particular. Y esto es lo que sucede en las radiales.

Fuentes conocedoras de las negociaciones a tres bandas entre Fomento, las concesionarias y los acreedores afirman que en los tribunales hay casos pendientes por las expropiaciones de las radiales que son favorables a los denunciantes y cuyo valor se eleva a 1.800 millones. Sin embargo, cuando entre en vigor el decreto, este dinero se podrá restar de la garantía pública de la que gozan todas las concesiones de servicios públicos y que se conoce como Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

Fuentes de Fomento aseguran que el motivo de la medida, que tiene carácter retroactivo, es cubrir el vacío legal que dejó un cambio legal de 2010. Además, justifican que el cambio afecta a todas las concesiones, pero queda claro que beneficiará al Estado si el rescate de las radiales al final pasa por esperar a la liquidación. En este caso, que es lo más probable si se deja que los concursos sigan su curso por las diferencias entre sociedad y acreedores y el dudoso perfil del negocio, la RPA se activará. En el conjunto de las autopistas en quiebra, la garantía ascendía a 4.000 millones hasta el cambio aprobado por el Consejo de Ministros. Pero en el sector temen que seguirá bajando.

La medida abarata la liquidación, pero crea incertidumbre sobre el sector

Según adelantó Cinco Días, a esta modificación le seguirán otras que permitirán descontar también los créditos participativos concedidos por el Gobierno, ayudas que precisamente tenían el objetivo de cubrir los sobrecostes en las expropiaciones, y las compensaciones por la caída del tráfico. Ambos conceptos suman 1.260 millones y restarlos de la RPA evitaría hacer descarrilar el déficit público, ya que al ser un desembolso del Estado computa frente a Bruselas.

La solución de esperar a una liquidación barata, en cualquier caso, no es inocua, ya que provocará un agujero importante en los bancos acreedores. En su día, los accionistas de las empresas cedieron los derechos de cobro a las entidades en garantía por los préstamos con los que construyeron las carreteras y ahora la banca reclaman su dinero. Sin embargo, desde el entorno financiero advierten de que, en algunos casos, restar lo que ya ha pagado el Estado supondrá dejar los créditos sin ninguna garantía. Asimismo, critican que genera incertidumbre sobre el futuro de las concesiones. Otro de los actores del conflicto, Javier Vasserot, socio de Olswang y que representa los intereses de la banca extranjera, lamenta en la misma línea que, con la medida aprobada este viernes, “el Gobierno defrauda la confianza generada en la banca que financió el proyecto”.

Pese a ello, desde el Ejecutivo insisten en que seguirán buscando “la opción que sea más beneficiosa” para el contribuyente.