Los editores renovarán todos los libros de texto para adecuarlos a la Lomce

Las editoriales tendrán que renovar todos los libros de texto para adaptarlos a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), lo que supondrá revisar los contenidos de más de 150 materias y componer los de algunas asignaturas nuevas desde el curso próximo.

Será así a la vista de lo que establece el artículo 6 -sobre el currículo y la distribución de competencias-, según explica a Efe el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), José Moyano.

La reforma educativa, que se implantará en tres años, empezará en septiembre en primero, tercero y quinto de Primaria, y en la nueva FP básica (de 14 titulaciones), aunque los editores trabajan con la perspectiva de etapas completas para lograr los objetivos de conjunto de cada una de ellas.

En Primaria, explica, desaparece Conocimiento del Medio y "se disgrega" en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, entre las materias troncales; aparte están las específicas y las de libre configuración autonómica, aunque éstas tendrán mayor peso en la Secundaria.

La nueva asignatura de Valores como alternativa a la Religión puede recuperar, apunta, contenidos constitucionales y cuestiones cívicas de Educación para la Ciudadanía, que ahora desaparece.

La reorganización curricular es "significativa", opina Moyano, y supondrá una renovación de textos y otros materiales "bastante importante", lo que puede ser también un "acicate" para el sector en estos tiempos de dificultades empresariales.

"El trabajo de adaptación de contenidos es evidentemente necesario porque puede cambiar incluso la carga lectiva de las materias", argumenta.

La reforma también es una apuesta, añade, por intentar que el profesorado haga un esfuerzo de adaptación metodológica para hacer que los aprendizajes sean lo más competenciales y lo más prácticos posibles.

Precisa que el esfuerzo de renovación del catálogo será diferente para cada editorial, pues unas están especializadas en etapas o materias muy concretas y otras abarcan todos los niveles educativos.

Cuando se habla de revisar una asignatura, aclara, hay que hacerlo para cada uno de los cursos en los que se imparte, lo que supone más de 150 "proyectos" editoriales, con las adaptaciones autonómicas tanto curriculares como de lengua cooficial o incluso en inglés para los centros que también enseñan en este idioma.

Según Moyano, preparar el prototipo completo de libros y materiales de un área educativa supone una inversión media de entre 200.000 y 250.000 euros, sin incluir los gastos de impresión y distribución, así que el riesgo empresarial es "muy alto".

A pesar de todo, lo más importante es tener tiempo suficiente para asegurar la calidad de los nuevos textos y que los profesores puedan familiarizarse con los cambios.

En este sentido, señala que los editores ya trabajan, aunque un poco "apretados" de tiempo, con los borradores de los planes de estudio facilitados por el Ministerio de Educación, a la espera de que se aprueben los reales decretos de enseñanzas mínimas de Primaria, ESO y Bachillerato y FP básica y se conozcan posteriormente las complementos autonómicos.

Necesitarían conocer en marzo, como muy tarde, los contenidos que dependen de las comunidades, al menos en la fase de borrador.

Añade Moyano que la ampliación del calendario de implantación de la reforma en un curso, hasta 2016-2017, permitirá una incorporación de cambios académicos "más serena".

No obstante, la inversión no deja de ser arriesgada, matiza Mpyano, ante la perspectiva de que la legislación educativa se modifique dentro de unos años si cambia el signo político del Gobierno.

"Esta ley no se puede frustrar porque tiene que aplicarse ya el curso próximo" y lleva incorporado el calendario de aplicación, así que éste no podría variar, según interpreta, con un simple decreto del Gobierno.

En cualquier caso, "desearíamos más estabilidad en algo tan importante como la educación", indica Moyano.

En 2004, recuerda, el ejecutivo socialista paralizó con un real decreto el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE), aprobada cuando gobernaba el PP y que no llegó a aplicarse.

Esto supuso un perjuicio que Anele calcula en 50 millones de euros para el conjunto del sector porque los libros ya habían sido impresos, incluso distribuidos en parte.

El Estado tuvo que compensar a las editoriales que reclamaron judicialmente por responsabilidad patrimonial.