Los países de la UE intentarán acordar las posibilidades de la pesca atlántica de 2014

Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) iniciarán mañana una reunión de dos días para llegar a un acuerdo sobre las posibilidades de pesca para 2014 en el Atlántico y el mar del Norte, en la que España espera lograr mejoras para la bacaladilla y la caballa.

El Consejo de Ministros se iniciará con la presentación por parte de la comisaria europea de Pesca, Maria Damanaki, de su propuesta de totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas para 2014 en aguas atlánticas, y continuará con un debate en el que cada Estado miembro expresará su postura.

En la reunión participará el ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

Para España, la propuesta de la Comisión Europea (CE) es "positiva" y "mejora la de años anteriores", señalaron fuentes diplomáticas.

Para especies que interesan a España como la merluza, la CE ha propuesto elevar su cuota un 49 % en aguas del norte o Gran Sol y subirla un 15 % en los caladeros ibéricos.

En cambio, España espera que haya "margen de mejora" de sus cuotas asignadas de caballa y bacaladilla.

El secretario de Estado de Pesca, Carlos Domínguez, detalló la pasada semana a Efeagro que en el caso del gallo o el rape Bruselas ha propuesto las subidas de capturas con un criterio novedoso que, en la práctica, supondría que no se hiciera realidad el incremento, ni se reflejaran los porcentajes recomendados por los científicos.

España también defenderá moderar el descenso de capturas de jurel o chicharro del Cantábrico, de forma que se quede en un 26 %, frente al 40 % que plantea la CE.

Al mismo tiempo, las fuentes subrayaron que las reducciones de cuotas propuestas por la Comisión que más le afectan son las de la cigala en las zonas del mar de Irlanda y el mar del Norte, el gallo en la zona de Irlanda, la maruca azul, la raya y el jurel del Norte.

Sobre, el jurel, Domínguez consideró que la caída del TAC del 40 % "no es adecuada por razones socioeconómicas", por lo que abogó por suavizarla al 26 %, aunque al mismo tiempo dejó claro que si los científicos recomiendan bajadas "no podemos poner en peligro la sostenibilidad".

Fuentes comunitarias apuntaron dos "problemas" que pueden afectar a las negociaciones generales de las posibilidades de pesca.

Uno de ellos hace referencia al reparto de especies del mar del Norte como el bacalao y sus especies asociadas (eglefino, merlán y carbonero), cuyas poblaciones están en declive.

Las rebajas de las cuotas en esas especies que propone la CE chocan con los intereses de países como Alemania, que pelearán por flexibilizarlas al máximo.

En ese capítulo España solicitará "igualdad de trato" y que los planes de recuperación del bacalao o el eglefino, que capturan mayoritariamente otras flotas, se apliquen de la misma manera que se ha hecho con merluza (principal especie para buques españoles), según Domínguez.

El otro principal obstáculo que se presenta en las conversaciones es el de la gestión de la caballa (a la que van asociadas las cuotas de la bacaladilla y el arenque), una especie que según los informes científicos del año pasado se veía muy afectada por la pesca "no responsable" de las Islas Feroe e Islandia.

En cambio, las estimaciones de este año apuntan a una recuperación importante que la CE quiere aprovechar para negociar con Islas Feroe e Islandia una salida al problema, mientras que hay Estados miembros como España que piden más tiempo de reflexión y dar la oportunidad a que Noruega, reticente a un acuerdo con esos dos países, sume su apoyo.

Está previsto que se produzcan reuniones trilaterales entre la Comisión, la Presidencia lituana de la Unión y los ministros de cada país a lo largo de la tarde del lunes, con idea de que el martes 17 la Presidencia pueda presentar una propuesta de consenso entre los países, que para ser aprobada debe recabar el apoyo de una mayoría cualificada de ministros, indicaron fuentes diplomáticas.

"Se va constatando la mejora de recursos", señalaron, en referencia al conjunto de medidas de gestión que la UE viene aplicando en los últimos años para tratar de salvaguardar la sostenibilidad de los caladeros y, también, de evitar impactos socioeconómicos negativos.