Quién paga la reforma educativa

La memoria económica de la reforma educativa distingue entre los costes directos de implantación (408 millones de euros), que corresponden íntegramente a la administración central, y los indirectos, que deberán asumir las autonomías y serán mayores cuanto más alumnado se matricule en FP.

Al menos son los cálculos con que el Gobierno acompañó el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ya aprobada por las Cortes. Pero estas cuentas no le salen a la oposición.

"Económicamente es inviable y sin el consenso de los que van a pagar", según comenta a Efe el portavoz de educación de CiU en el Congreso, Martí Barberà.

Para el PSOE la dotación es escasa; el senador socialista Vicente Álvarez Areces auguró durante la tramitación parlamentaria de la reforma que la ley sería inaplicable por "por razones económicas, normativas y de competencias autonómicas".

Lo ve de otra forma el presidente del Registro de Economistas Docentes e Investigadores, Juan Carlos de Margarida, quien indica, como opinión personal, que el coste es pequeño en términos absolutos en relación con los objetivos.

"Si se disminuye el abandono escolar -dice a Efe-, se incrementa la cultura matemática y la comprensión lectora, entonces la inversión es mínima".

En principio, el documento prevé que el coste que corresponde al Gobierno de distribuya en tres años (a razón de 23, 130 y 255 millones de euros netos), aunque el cálculo se basaba en un calendario de implantación de la reforma en dos cursos, que se ha ampliado a tres en la tramitación parlamentaria.

El curso próximo se aplicará la reforma en primero, tercero y quinto de Primaria y primero de la nueva FP básica, que sólo ofrecerán los centros que determinen las comunidades autónomas.

Lo que se mantendría igual es el monto total inicial (408 millones), apuntan fuentes del Ministerio de Educación, y matizan que se irán concretando las cantidades de cada año presupuesto a presupuesto, según las necesidades.

El Gobierno anunció que solicitaría financiación del Fondo Social Europeo para sufragar entre el 50 y el 65 % de lo que le corresponde en la memoria.

Los Presupuestos del Estado de 2014 incluirían una primera partida de 8,9 millones de euros para formación del profesorado y acciones de calidad y desarrollo de recursos didácticos, según informó en octubre la secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio.

La mayor parte del gasto directo se la llevará la nueva estructura de cuarto curso de ESO (una trayectoria hacia el bachillerato y otra hacia la FP) y la anticipación de itinerarios en tercero: 421 millones de euros, según la memoria. La FP básica supondría 149 millones de inversión.

Por el contrario, se podrían ahorrar 168 millones de euros por la "compactación" de asignaturas del Bachillerato.

Reducir el abandono escolar prematuro al 15 % al cuarto año de aplicación de la reforma como previsión más realista (ahora es 24,9 %) supondrá una inversión progresiva de 334 millones de euros hasta entonces por el conjunto de las comunidades, según calcula la memoria.

Esto se conseguiría con un 50 % de matriculados en Bachillerato, un 22,5 % en FP media y un 12,5 % en FP básica.

El aumento de oferta de FP y, en consecuencia, de los costes asociados es cuestión de las autonomías por tener transferidas las competencias. Dependerá también de las tasas respectivas de alumnado en estas enseñanzas y de abandono educativo y de cómo evolucionen.

Barberà (CiU) interpreta que, en realidad, Educación va a cargar casi todo el coste a las comunidades -por ejemplo el de la evaluación final de ESO- y la perspectiva es aun peor si se tiene en cuenta la crisis y las exigencias de reducción del déficit público.

"Uno de los miedos que tenemos -alerta- no es sólo sobre el catalán, el modelo de escuela catalana, sino que también nos va a centrifugar todos los gastos esta reforma que ha decidido el ministro (José Ignacio Wert) con su mayoría absoluta".

De Margarida indica que si las comunidades han querido las competencias de enseñanza tienen que asumir el coste que supone un cambio en el sistema educativo.

"Hay que estar a las duras y a las maduras", expresa gráficamente.

Por Jesús Lozano