Vulnerabilidades tras el examen de la troika

Como señala el reciente informe de la troika, España ha realizado en poco tiempo una fuerte reestructuración de su sector bancario: un saneamiento equivalente al 25% del PIB; una intensa reducción de costes mediante cierre de oficinas y recorte del empleo; una reducción del grueso de la exposición inmobiliaria de los bancos apoyados por el FROB como consecuencia de la transferencia de sus activos a la Sareb; una mejora de los niveles regulatorios de solvencia; una reclasificación de préstamos refinanciados reconociendo más morosidad e incrementando las provisiones; etcétera.

Esta reestructuración ha supuesto un enorme coste tanto público como privado. A cargo del contribuyente, con ayudas a la solvencia por importe de 61.366 millones de euros, de los cuales Eurostat da por perdidos 43.479 millones de euros. Cifra a la que deberán añadirse en el futuro las pérdidas cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)-FROB vía Esquemas de Protección de Activos, que aseguran riesgos por importe de hasta 36.681 millones de euros. También deberán añadirse las pérdidas que puedan aflorar tras la venta de las entidades todavía en manos del FROB y en los avales concedidos por el Estado, con saldo actual cercano a los 100.000 millones de euros, que aseguran los títulos emitidos por numerosas entidades durante la crisis y la deuda emitida por la Sareb. También hay que incluir las pérdidas asumidas por el sector privado a través del FGD, que la Asociación Española de la Banca estima en cerca de 21.000 millones de euros.

En todo caso, debe distinguirse entre la reestructuración del sistema y un auténtico saneamiento financiero que le permita alcanzar un crecimiento recurrente de los resultados y del crédito. Por tanto, el sector bancario español debe afrontar todavía retos de gran calado que la troika califica de “vulnerabilidades” y que vienen en gran parte determinados por el contexto macroeconómico y por cambios regulatorios.

El primer desafío es la necesidad de seguir saneando el balance por varios motivos: a) Por la reclasificación de los créditos refinanciados, que ha aflorado recientemente unos 20.000 millones de nueva morosidad que van a exigir al menos 5.000 millones de provisiones, en términos agregados, pero con una dispersión muy desigual por entidades; b) Por el aumento de la morosidad ligada a la debilidad de la economía. La tasa oficial de mora se aproxima al 13%, se situará por encima del 14% en 2014 y superará el 18% si añadimos los activos adjudicados resultantes de la morosidad. Pensemos además en la morosidad no aflorada en el crédito hipotecario, en las grandes empresas en dificultades que ocupan hoy los titulares en la prensa y en las pymes próximas al cierre. Como nos ha recordado el FMI, el 40% de la deuda empresarial está en empresas que destinan más del 100% de su margen bruto a pagar el coste de la deuda. Sin contar que el ajuste pendiente a la baja del precio de los inmuebles obligará a los bancos que no los han transferido a la Sareb a seguir saneando el activo. Por supuesto, el aumento en la morosidad supone una merma de ingresos financieros y nuevas provisiones.

El segundo elemento de presión sobre los márgenes bancarios depende tanto de la reducción de la actividad bancaria como de la evolución de los tipos de interés. De junio del año 2012 a junio de 2013 el margen de intereses ha caído un 11%. Si bien el margen de explotación ha aumentado, este aumento está apoyado en un brutal crecimiento de los resultados por operaciones financieras, negocio no recurrente que se ha duplicado en un año. La caída del margen financiero es previsible que continúe también con la reciente rebaja del tipo de interés de intervención del BCE, que se irá trasladando al euríbor. Solo en hipotecas, la banca tiene 582.000 millones de euros concedidos, la mayor parte a tipos variables referenciados al euríbor. Como es el caso del crédito a las grandes empresas.

Si los riesgos no se remedian, pueden realimentar los problemas subsistentes en la banca

También presionan los cambios regulatorios sobre la solvencia. Los nuevos acuerdos de Basilea III exigen más capital y de más calidad. Y si bien España se ha anticipado exigiendo a todas las entidades un capital principal del 9%, Basilea es más estricta en la definición de sus componentes, al deducir del mismo de forma progresiva los activos fiscales diferidos (DTA), que ascienden a un total de 59.000 millones de euros en la banca española. Su eliminación supondría una caída de tres puntos del coeficiente de solvencia en el promedio de la banca, también con dispersión muy desigual entre entidades. Lo cual está llevando a España a configurar una posible fórmula jurídico-fiscal que permita a sus bancos computar como capital una parte importante de los DTA. No obstante, aunque tal fórmula fuese aprobada por Bruselas, los activos fiscales diferidos son un capital de peor calidad, ya que no comportan liquidez y no estarían disponibles a corto plazo para afrontar pérdidas.

Un cuarto reto que tendrá que afrontar la banca española es aprender a vivir sin el maná del carry trade o márgenes obtenidos con la compra de deuda pública con los créditos baratos del BCE. El acceso a esta financiación va a continuar al menos hasta 2015 según recientes declaraciones de Mario Draghi. Pero su acceso no puede ser indefinido. En estos momentos, el carry trade supone en promedio casi la cuarta parte de los ingresos financieros del sector bancario. Y, lo que es más preocupante, supone algo más de la mitad del margen de explotación. Un peso excesivo, cuya posible desaparición supondría un elemento de fuerte vulnerabilidad. Vulnerabilidad que deriva también de que los 295.000 millones en deuda pública española que hay actualmente en los balances bancarios pueden reducirse fuertemente por recomendación del FMI o por ser objeto de un tratamiento restrictivo en los próximos stress tests que, además de reducir el carry trade, aumente las necesidades de capital.

También supone una vulnerabilidad la fuerte dependencia de los mercados mayoristas. Es cierto que la relación créditos-depósitos ha mejorado sensiblemente, pasando del 1,5 en 2011 al 1,27 actual, en parte por el traspaso a la Sareb del crédito inmobiliario. Pero ocurre que estos datos promedio ocultan una dependencia muy desigual por entidades y suponen todavía un desequilibrio en los balances que dificulta el crecimiento del crédito por la prioridad de atender los vencimientos mayoristas.

Finalmente, otro elemento de incertidumbre es el que afecta al plan de negocio y a la muy compleja gestión de la Sareb. Como señala la troika, a pesar de los progresos que ha realizado, su principal riesgo deriva de que continúa la corrección del precio de los inmuebles, por lo que resulta demasiado optimista su plan inicial de negocio. Además, las agresivas estrategias comerciales con fuertes descuentos en el precio de los activos por parte de algunos bancos suponen una seria competencia para el plan de negocio de la Sareb.

En resumen, si bien lo peor de la crisis bancaria parece haber pasado, es importante no bajar la guardia, ya que todavía existen zonas de vulnerabilidad que dificultan el crecimiento de los resultados y el crédito y que serán mayores o menores en función de la intensidad de la recuperación económica. Además, existe un consenso generalizado en que la tasa de paro seguirá en niveles por encima del 25% durante varios años, situación dramática incompatible con el optimismo.

En definitiva, si los factores de riesgo que aquí describimos no se remedian, pueden realimentar los problemas todavía subsistentes en la banca, retrasando aún más la recuperación del crédito y, por tanto, la salida de la crisis.

Aristóbulo de Juan es presidente de Aristóbulo de Juan y Asociados, exdirector general del Banco de España y coautor de Anatomía de una Crisis. Joaquín Maudos es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, investigador del IVIE y colaborador del CUNEF.