La burbuja inmobiliaria le estalla a Sepes

El Estado también es víctima del estallido de la burbuja inmobiliaria. La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) realizó inversiones en compra y desarrollo de suelos en la época de auge y ahora está sufriendo fuertes pérdidas. Parte de ellas, sin embargo, no están aún reconocidas, según se deduce de la auditoría realizada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

Las cuentas de Sepes muestran unas pérdidas de 28,6 millones en 2012 que se suman a las de 123,9 millones de 2011. Pero el auditor cree que podrían ser mayores si se hubiera analizado el valor real del suelo que la entidad pública tiene en cartera.

La IGAE subraya que solo se ha realizado el posible deterioro de cuatro actuaciones que representan un total del 19,7% de las existencias a cierre de 2012 y que las valoraciones realizadas han puesto de manifiesto una pérdida de valor del 31% sobre el coste, lo que ha obligado a dotar deterioros por 96 millones de euros. La auditoría subraya en particular que están sin analizar compras de suelo por importes relevantes realizadas desde 2006, en plena burbuja inmobiliaria. El suelo total adquirido en actuaciones que incluyen compras desde 2006 asciende a 76 millones, pero su valor en las cuentas está en 145 millones por las obras de urbanización y otros costes. Además, también habría que analizar, según el IGAE, suelo adquirido antes, porque con las obras realizadas pueda estar ya a un coste que no se va a poder recuperar con la venta.

Dados los precedentes y la situación del mercado inmobiliario, “se considera que Sepes debería proceder a cuantificar el deterioro del resto de sus existencias”, dice la auditoría.

El otro punto negro de las cuentas de Sepes es su filial Sociedad Pública de Alquiler (SPA), creada en 2005 para dinamizar el mercado de alquiler de viviendas y que ha sido un estrepitoso fracaso. Sepes subraya que ha tenido que aportarle más de 48 millones “sin que la actividad desarrollada (alrededor de 4.800 contratos) haya tenido ninguna incidencia en el mercado del alquiler”. El Gobierno decidió disolverla y liquidarla, pero en 2012 aún generó pérdidas de 6,9 millones, con lo que pasó a tener un patrimonio neto negativo de 5,3 millones. El auditor, Mazars, ha denegado su opinión sobre las cuentas de la SPA por su agujero patrimonial, problemas de liquidez e incertidumbres sobre la liquidación.

Además, en su informe sobre Sepes, la IGAE recuerda que ha venido advirtiendo a la entidad de las debilidades de control interno que generan un elevado riesgo de que las cuentas tengan errores y omisiones significativas. Y que, aunque hubo mejoras en 2012, no han desaparecido los riesgos.