El Consejo de Repsol ratifica este miércoles el acuerdo alcanzado con YPF

El Consejo de Administración de Repsol se enfrenta este miércoles a una decisión trascendental para el futuro del grupo, de su presidente y de sus principales accionistas. Tras el acuerdo firmado el lunes en Buenos Aires para zanjar el conflicto que arrastra la empresa con el Gobierno argentino por la expropiación por parte de este a Repsol del 51% de YPF en abril de 2012, el máximo órgano de administración de Repsol debe resolver en su reunión de este miércoles si aprueba los términos del mismo. La dirección y los principales accionistas del grupo que preside Antonio Brufau esperan el sí del consejo, que también deberá decidir si lo somete a una junta general de accionistas extraordinaria, aunque esta posibilidad parece descartada porque supondría aplazar el acuerdo al menos un mes.

El citado acuerdo consiste en una compensación de 5.000 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros) satisfechos en activos garantizados líquidos, principalmente bonos argentinos, que Repsol pueda canjear en plazo corto. los bonos argentinos cotizan con fuerte descuento en los mercados. El pacto no contempla activos como terrenos del yacimiento de Vaca Muerta, que habían sido incluidos en la oferta que Argentina hizo en junio y que el consejo de Repsol rechazó.

Tras esa propuesta, el consejo había puesto entre las condiciones para alcanzar una conformidad que no se incluyeran activos que exigieran más inversiones en Argentina. La oferta proponía el pago de 5.000 millones de dólares (1.500 en bonos convertibles y 3.500 en activos del citado yacimiento que no tenían probada su producción) y la creación de una sociedad —participada por Repsol, con el 47%; YPF, con el 51% y Pemex, con el 2%— en la que tendría que invertir más de lo que iba a recibir.

Además de esta condición, el consejo exigió que se recuperara el valor en libros que tenía la filial YPF en el momento de la expropiación. Según los términos del acuerdo firmado en Buenos Aires, se queda por debajo en 1.700 millones de euros, ya que la anotación es de 5.400 millones de euros, lo que obligaría a llevarlo a la cuenta de pérdidas y ganancias. Algunas fuentes consultadas han manifestado que caben muchas posibilidades de que Repsol sea compensada de alguna forma, quizá con la participación del tercer invitado en la reunión, México y su brazo armado Pemex, muy interesado en participar en la exploración y explotación en aguas profundas.

No obstante, no parece que esta situación sea óbice para que los miembros del consejo respalden el acuerdo. En principio, dos de los integrantes del núcleo duro de accionistas (Caixabank, con dos consejeros, y Pemex, con uno) han estado inmersos en las negociaciones; otro, Sacyr (con dos consejeros), ha subrayado su interés en que se alcance un pacto que pacifique la situación, y el sexto (el representante de Temasek es un recién llegado de la mano del presidente y se presume que está en el paquete).

De los otros 10 consejeros, dos son ejecutivos (Brufau y el secretario, Luis Suárez de Lezo) y ocho son independientes (Paulina Beato, Artur Carulla, Luis Carlos Croissier, Ángel Durández, Javier Echenique, Mario Fernández, Isabel Gabarró y Henri Philippe Reichstul). Tendrán que dar su opinión en un consejo ordinario que se prevé largo y que, por esta circunstancia, se ha convertido en extraordinario y prácticamente monotemático.

No se esperan sorpresas, aunque seguramente habrá discrepancias. No obstante, en el ánimo del consejo pesa mucho el hecho de que la situación ha llegado a un punto sin marcha atrás en el que si no se respalda el acuerdo tendría consecuencias negativas para la empresa. Además, pondría a Brufau ante la obligación de dimitir de la presidencia. Por otro lado, originaría un enfrentamiento dentro del consejo con los citados consejeros del núcleo duro que han firmado el principio de acuerdo cuando lo que se necesita es calmar las aguas, sin olvidar que más de uno, aunque quiera mantener la objetividad, han sido propuestos por los principales accionistas.

También pesa que Repsol está inmiscuido en un rosario de pleitos contra Argentina e YPF cuyo desarrollo y tardanza es imprevisible, lo que es un acicate más para apoyar el acuerdo. Repsol ha interpuesto litigios en España, Estados Unidos, Argentina y en el tribunal de arbitraje internacional Ciadi. Ante este organismo, dependiente del Banco Mundial, reclamó que dictase una indemnización que cuantificaba en 7.000 millones de euros, el doble de lo que va a recibir ahora. Antes había denunciado en los tribunales de Nueva York que Argentina se había saltado la obligación de lanzar una opa sobre YPF al tomar el 51%. En Buenos Aires, solicitó la inconstitucionalidad de la decisión de expropiar el 51% de YPF y de YPF Gas. Y en España, la demandó por competencia desleal al otorgar derechos de explotación del yacimiento de Vaca Muerta a otras compañías (Chevron).

Había elementos suficientes para esperar fallos a favor, pero el problema es que no se sabía ni cuándo ni cómo. Al final, el cambio de actitud de Argentina, posiblemente por verse con el agua al cuello ante tantos pleitos internacionales (y no solo con Repsol), y el deseo de México de potenciar la presencia internacional de Pemex, han sido los aceleradores que han metido prisas a todos de un pacto que se hacía interminable. Es llamativo que se haya producido en la vuelta de Cristina Fernández de su enfermedad; el nombramiento como ministro de Economía de Axel Kicillof, que había sido uno de los inspiradores de la expropiación, y de la caída de popularidad y en las elecciones parciales de su grupo político.

En el entorno del grupo petrolero, no obstante, se cree que ha habido demasiado protagonistas en la negociación, lo que ha en su opinión ha restado margen de maniobra y determinado muchos intereses colaterales. En efecto, la presencia de representantes de los Gobiernos, sobre todo del español en la figura del titular de Industria, José Manuel Soria. Fuentes del Ejecutivo español habían manifestado días antes que era un asunto de una empresa privada, distinto del que representaban Pemex e YPF, controladas ambas por capital público de sus países. Sin embargo, y posiblemente por otras razones, al final consideró que era bueno que el ministro de Industria tomara parte de la negociación y se desplazara primero a México y luego a Buenos Aires.

Más allá de cerrar el conflicto con Argentina, en el aire estaba el contrato de dos floteles (buques hoteles) que Pemex había acordado con la Xunta de Galicia para que se construyeran en astilleros gallegos y que había sido una de las banderas del popular Alberto Núñez Feijóo, y del propio Mariano Rajoy, en la última campaña electoral autonómica.