La basura ya no es oro

No es el negocio más glamuroso del mundo, pero tan cierto es que la recogida y tratamiento de basuras urbanas ha sido una actividad en la que España ha sido pionera y puntera. Mientras en países europeos más avanzados las basuras domésticas eran recogidas por servicios municipales, a veces de modo deficiente, en España, ya a principios del siglo XX, empresas como FCC (entonces con otro nombre) ya realizaban ese servicio para los Ayuntamientos con un modelo concesional, más eficiente y barato, que tardaría décadas en imponerse. Un sistema que se generalizó en España en los años ochenta y noventa, cuando los grandes grupos constructores entraron en tromba sobre el sector en el marco de sus estrategias de diversificación.

Al igual que en las concesiones de autopistas o en la gestión del agua, las particularidades del sector en España han permitido a varias empresas —FCC, Urbaser (ACS), Cespa y Ferroser (Ferrovial), Valoriza (Sacyr), OHL o Sedisa— tutearse en el mundo con gigantes como Waste Management, Republic Services, Veolia o Vinci, compañías que en su día desembarcaron en España y acabaron marchándose. Esa posición dominante no les ha evitado, sin embargo, verse duramente afectadas por la crisis. La gestión de la basura en toda su cadena, desde la recogida hasta su eliminación o aprovechamiento, ya no es tan dorada como hace cinco o siete años.

La primera consecuencia de los malos tiempos es que la gente consume menos y produce menor cantidad de residuos, lo que implica, fatalmente, una menor actividad para estas empresas. “En todos los Ayuntamientos se recoge ahora menos tonelaje de residuos que antes de la crisis”, señala Francisco Jardón, secretario general de ASELIP, la patronal del sector. Y esto no es todo. El sector se ha encontrado además con que la mala situación financiera de sus clientes, los Ayuntamientos, ha desatado una guerra de precios a través de los concursos de subastas para ver quién hace el trabajo más barato. “Según han ido venciendo los anteriores contratos”, explica Jardón, “que estaban dimensionados para una actividad mayor, los Ayuntamientos, en vista de sus posibilidades, los han rediseñado con recortes del 20% o 30% sobre las cifras anteriores”.

Las corporaciones locales han rebajado los contratos entre un 20% y un 30%

El resultado de estos dos factores —los menores niveles de recogida y menos dinero por tonelada procesada— ha llevado al sector a perder parte de su facturación de hace años y a reducir sus márgenes. La industria, que hace años facturaba más de 4.500 millones de euros, está ahora, dice Jardón, “en torno a los 4.000 millones”.

FCC redujo el año pasado su facturación en España en este segmento en un 2,4%, mientras crecía en el exterior un 10,6%. Igual le pasó a la división especializada de Ferrovial Servicios, Cespa y Ferroser, que redujo también sus ingresos, y a Valoriza (Sacyr), cuya división de medio ambiente cayó el año pasado un 6,1%. Descensos, de todos modos, más bien moderados si los comparamos con otros sectores, lo que se debe a que muchos Ayuntamientos decidieron repartir la carga entre empresas y vecinos, subiéndoles a estos la tasa de basuras.

En un principio, algunas empresas trataron de resistirse a las nuevas condiciones de contratación, pero al final no tuvieron más salida, a riesgo de perder todos los concursos, que pasar por el aro y aceptar los nuevos precios. Lo sucedido en Madrid, donde las tres empresas contratantes tuvieron que aceptar una rebaja del 37% en sus contratos, fue solo el episodio más espectacular de un fenómeno que se reprodujo por toda España. La primera reacción de las compañías, desde las más grandes hasta las locales, fue la de traspasar los recortes a los trabajadores. Pero no funcionó, ya que se encontraron con huelgas en todos los sitios donde lo intentaron, desde Madrid hasta Puerto de la Cruz (Tenerife), pasando por Sevilla o Granada.

Los sindicatos logran mantener

Pese a que su intención en la capital española era bajar los sueldos y reducir la plantilla en 1.134 personas de un total de 6.000, al final han tenido que contentarse con la congelación de sueldos y un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que producirá ahorros muy limitados, lo que ha suscitado sospechas de que si están en condiciones de cumplir con esos contratos es que quizá estuvieran obteniendo márgenes excesivos. El secretario general de ASELIP apunta que “las empresas se han encontrado con la imposibilidad, debido a la cerrazón de los sindicatos y a su capacidad de movilización, de reducir sus costes en consonancia con la nueva situación”. Ello ha llevado a que al final, según Jardón, “el empleo se haya quedado igual que antes de la crisis, en torno a los 120.000 empleos”.

Lo cierto es que el mercado español ha dejado de ser El Dorado para esta potente industria. Se ha hecho muy maduro, no solo en la recogida, sino incluso en el tratamiento, de tal modo que no se prevén grandes inversiones en plantas de procesamiento, compostaje o valorización de energía. “Está todo prácticamente cubierto”, explica el secretario general de ASELIP, “y van a hacer falta años para que los Ayuntamientos estén en condiciones financieras de volver a retribuir el servicio del modo que lo hacían antes”. Por eso, aun cuando estos grupos han tratado de inventarse nuevos servicios urbanos, su única posibilidad de elevar ingresos está fuera de España.