Segunda oportunidad para la insolvencia

Una y otra vez se pospone o se incumple en el Congreso el compromiso de regular una segunda oportunidad para los deudores particulares de buena fe, que no pueden afrontar pagos como el de la hipoteca por causas sobrevenidas, como paro o enfermedad.

Las últimas reformas son insuficientes, según la Defensora del Pueblo. Así, el Código de Buenas Prácticas para entidades financieras se saldó con cifras tan exiguas en el primer trimestre de este año como 263 reestructuraciones de deuda y 181 daciones en pago.

Soledad Becerril ha presentado en el Senado esta semana el informe Crisis económica e insolvencia personal: actuaciones y propuestas, en el que pide un procedimiento sencillo y gratuito, obligatorio para los acreedores y que concilie los intereses de las dos partes.

Como en los países del entorno, se trataría de fijar un plan de pagos, con quitas y esperas, y un plazo temporal para liberar al deudor o la familia que, además, debería poder seguir ocupando la vivienda habitual o el local del negocio que sea su modo de vida abonando una renta limitada.

Ya en enero de 2012 la institución pidió medidas que permitieran prevenir y afrontar las situaciones de insolvencia de los particulares. Su petición fue atendida parcialmente. Las reformas abordadas excluyen casos como, por ejemplo, el de las familias con dos hijos, por no ser familia numerosa, o el de los jubilados. Otras de las carencias son: que solo se atiende la deuda si es hipotecaria; que la suspensión del lanzamiento no paraliza los intereses de demora, y que no se suspende si el adjudicatario es un tercero y no un banco.