Por qué multa (y por cuánto) el policía bursátil
La CNMV ha impuesto más de 80 sanciones por 25,48 millones de euros desde que estalló la crisis
Las comparaciones son odiosas, y más cuanto el espejo donde mirarse es Wall Street, un universo donde todo es desmesurado, desde los beneficios o las pérdidas hasta los sueldos, sin olvidar también sus fraudes y, lo que es muy importante, las multas para aquellos que los comenten. Esta semana se conocía la mayor sanción de la historia en EE UU (lo que en la práctica quiere decir del mundo): el fondo de alto riesgo SAC Capital aceptaba el pago de 1.330 millones de euros por beneficiarse de información privilegiada. Esta cantidad supone 52 veces más que lo recaudado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por las más de 80 sanciones que ha impuesto y han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde que estalló la crisis en 2008. Este dinero no se lo queda el supervisor, va a las arcas del Tesoro.
La mayor multa fue la que impuso el supervisor a la gestora de fondos del Santander
¿Cuáles son las infracciones más habituales cazadas por la CNMV? Hay un poco de todo: información privilegiada, incumplimiento de plazos en el envío de las cuentas anuales, ausencia de comunicación por parte de un accionista con una participación significativa, manipulación del mercado con el manejo de autocartera, comercialización inapropiada de productos financieros, política de riesgos defectuosa...
La mayor multa de los últimos cinco años la recibió la gestora del Banco Santander (14 millones) por las llamadas “comisiones de retrocesión”. Los fondos de inversión que invierten en otros fondos soportan una doble comisión: los partícipes tienen que pagar la propia y la del producto ajeno. Pero la magnitud de las cantidades que manejan las gestoras les permite negociar a la baja, lo que reduce los costes de gestión que de forma efectiva han de pagar en los fondos de inversión en los que invierten. El problema es que esa rebaja no siempre se le aplica a los partícipes del fondo.
El proceso sancionador está recogido en el reglamento del régimen interno de la CNMV. Normalmente, una de las divisiones del supervisor (mercados o entidades) inicia una investigación, bien porque detecta un posible comportamiento irregular o porque recibe una denuncia de terceros. Si en esa investigación se confirma un comportamiento que infringe la normativa, se eleva el caso al comité ejecutivo que tiene la potestad de iniciar la apertura de un expediente tras consultar con la dirección general del servicio jurídico. Finalmente, es el consejo de la CNMV (compuesto por ocho miembros) el que decide por mayoría si el expediente finaliza con sanción.
El plazo que transcurre desde que se impone la multa hasta que esta se hace pública en el BOE puede extenderse más de un año. El afectado tiene la posibilidad de recurrir por vía administrativa ante Economía y posteriormente por la vía judicial (Audiencia Nacional). Como el coste es más reputacional que económico, la CNMV ha hecho en ocasiones una reflexión en voz alta expresando su deseo de que sería bueno modificar la legislación para que el supervisor hiciese pública la infracción desde el momento en el que se abre expediente.
Los expedientes de las
La legislación contempla tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves, en función del delito cometido. Las sanciones aplicables en cada caso se determinarán según una serie de criterios (naturaleza de la infracción, peligro ocasionado, ganancias obtenidas, reparación de daños...). Por la comisión de infracciones muy graves (prestar servicios de inversión sin estar habilitado, manipulación del mercado...) se impondrá una multa por un valor de hasta la mayor de las siguientes cantidades: el quíntuplo del beneficio obtenido por el infractor; el 5% de los recursos propios de la entidad expedientada, el 5% de los fondos totales utilizados en la infracción, o 600.000 euros.
En los próximos meses se deben conocer multas importantes. En el caso de las participaciones preferentes hay 22 expedientes abiertos que afectan a nueve entidades; también se espera una resolución acerca de las ventas al descubierto los días previos a las ampliaciones de capital de Bankia o las sanciones por el denominado caso Pescanova.
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