Las grandes empresas denuncian el "fracaso" de la política energética europea

Diez de las grandes empresas europeas del sector energético denunciaron hoy el "fracaso" de las políticas comunitarias en este ámbito y demandaron toda una serie de reformas para combatir los crecientes precios y garantizar el suministro de gas y electricidad.

Reunidos en Bruselas, los presidentes y consejeros delegados de Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Enel, ENI, GDF Suez, RWE, E-ON, Gasterra, Vattenfall y CEZ Group hicieron un llamamiento a las instituciones europeas y Gobiernos para remediar una situación que consideran "crítica".

Entre otras medidas, las empresas demandan que los países dejen de financiar otras políticas a través de las facturas energéticas, que ciertas renovables se integren en el mercado regular y que se garantice una certidumbre regulatoria que permita impulsar las inversiones.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, criticó que los Gobiernos han estado "haciendo política con la energía" y denunció que "más del 50 % de la factura que hoy pagan los europeos no tiene nada que ver con las redes de generación de energía" sino que responde a "decisiones políticas".

Galán, en conferencia de prensa, advirtió de que sin cambios las inversiones irán a otras zonas geográficas porque "el sector de la energía no es competitivo" en Europa a causa de las "decisiones políticas equivocadas".

Por su parte, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, destacó que las políticas para impulsar las energías renovables están "sacando del mercado tecnologías más baratas" y aumentando los precios finales.

Entre las medidas propuestas por las compañías figura la de impulsar el uso de capacidades ya existentes, en lugar de promocionar la construcción de nuevas, abandonar los subsidios a la producción y centrarlos en la investigación y el desarrollo, y arreglar los problemas del mercado de emisiones de CO2.

Las diez energéticas, que representan juntas la mitad de la capacidad eléctrica europea, subrayaron la necesidad de que los consumidores privados e industriales paguen "precios justos por su energía" y cuenten con un suministro seguro y garantizado.