El Gobierno aprueba la Ley del Sector Eléctrico sin incluir propuestas de CNE
El Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley del Sector Eléctrico, con el que pretende equilibrar ingresos y gastos en este ámbito, sin atender a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE), al no considerarlas adecuadas.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha señalado que el texto, básicamente el mismo del anteproyecto aprobado el 12 de julio, se remitirá a las Cortes para su tramitación.
Soria ha aludido a dos de las recomendaciones planteadas por la CNE en su informe sobre la normativa, que no han sido atendidas.
La CNE se mostró en contra de cobrar un recargo a los propietarios de instalaciones de autoconsumo por considerar que esto desincentivaría la eficiencia energética.
Sin embargo, ha defendido que los usuarios con sistemas de autoconsumo que estén conectados a la red para abastecerse cuando carezcan de producción propia tienen que pagar el peaje, porque acceden a las instalaciones del sector eléctrico al igual que el resto de consumidores y que de lo contrario, "todos le estaríamos pagando" ese acceso.
El regulador también criticó que se estableciera un mecanismo de retribución diferenciado y más favorable para las renovables en los sistemas extrapeninsulares.
El ministro ha explicado que aunque "es verdad" que para determinadas actividades se fija una retribución superior, "es así porque aun con esa retribución superior el coste general para el sistema eléctrico disminuye", y por eso no ha incluido la recomendación.
Con respecto a la normativa, Soria ha insistido en que los precios de la electricidad en España son superiores a los del resto de la Unión Europea y que, pese a ello, no son suficientes para cubrir los costes, lo que da origen al déficit de tarifa.
Por ello, la reforma energética aprobada tiene el triple objetivo de "garantizar la estabilidad financiera del sistema, reducir los costes" y frenar su impacto en los consumidores.
El proyecto de Ley se remite ahora a las Cortes, después de que el anteproyecto aprobado el 12 de julio recibiera el informe favorable del Consejo de Estado y obtuviese las correspondientes consideraciones por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
El proyecto de Ley forma parte del paquete normativo de la reforma energética aprobado el pasado 12 de julio, con el que se reordena el sector y se equilibran ingresos y gastos para detener la generación de déficit tarifario.
En un comunicado, UGT ha replicado que esta normativa "supondrá un aumento de precios en el recibo de la luz, menos inversión, menos calidad y seguridad del servicio y menos empleo", y ha criticado "la falta de transparencia que ha impedido un debate público sosegado".
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