Complicada reforma mexicana

México abre las puertas a una reforma energética singular. El hasta ahora celosamente blindado sector energético mexicano podrá contar con participación extranjera, pero con arreglo a una fórmula jurídica nueva todavía sin concretar. La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto procura la satisfacción de un doble objetivo, nada fácil de compatibilizar: hacer eficiente a ese sector, dominado por la empresa Pemex, séptima petrolera del mundo, pero no ceder la propiedad de los correspondientes activos a los inversores extranjeros. Trata de hacerlo sin violar el espíritu del artículo 27 de la Constitución, redactado por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 con ocasión de la expropiación de la industria petrolera.

Según el proyecto de Peña Nieto, a los inversores privados, nacionales y extranjeros, se les permitiría participar en los beneficios generados por la exploración y producción en algunos yacimientos, pero sin ceder la propiedad de los activos. En la reforma, que no se limita al petróleo, se contempla también la modificación del régimen fiscal de Pemex, obligada a ceder el 67% de sus ingresos a la Hacienda pública y a modernizar diversos aspectos de su gobierno corporativo en aras de una mayor transparencia y rendición de cuentas.

La iniciativa del presidente es consecuente con el deterioro de esa industria energética en su conjunto. La producción de petróleo y gas natural, a pesar de la potencialidad de algunos yacimientos en aguas profundas, ha descendido de forma significativa aun cuando la inversión pública se ha septuplicado durante los últimos 15 años. Con la reforma se pretende pasar de los 2,5 millones de barriles diarios a tres millones en 2018. Pero los malos resultados no se limitan a los hidrocarburos: la producción de electricidad no consigue reducir precios finales, que actualmente son un 25% más elevados que los de EE UU.

Pero las vías para conseguir esos objetivos de modernización energética no van a despertar fácilmente gran entusiasmo en la inversión extranjera, como tampoco en sectores políticos de la oposición. De forma explícita, el presidente Nieto ha insistido en que “los mexicanos seguirán siendo los dueños de la renta petrolera y que Pemex seguirá siendo una empresa pública tutelada por el Estado”.

Atraer capitales privados, sobre todo extranjeros, para intensificar las inversiones, compartir riesgos financieros y tecnológicos y conseguir mayores niveles de producción y eficiencia es un propósito razonable. Hacerlo ofreciendo solo participación en los rendimientos, sin que los inversores puedan contabilizar como activos en propiedad esas singulares concesiones, tiene más dificultades. En la evaluación de riesgos y rendimientos de cualquier inversión, esa “utilidad compartida” probablemente no será suficiente. Así lo creen las fuerzas políticas a la derecha del presidente. Pero al mismo tiempo, los situados en posiciones a la izquierda y más nacionalistas consideran que puede ser un primer paso en la privatización del sector económico más emblemático de la economía mexicana. La posible alianza entre el PRI y el PAN sacaría adelante la reforma.

La resolución de esas tensiones será probablemente el test más importante de la presidencia de Nieto. No solo será relevante para la economía mexicana, sino una referencia para el conjunto de las economías emergentes, fundamentalmente las de América Latina.